‘Mano dura’, ¿la solución?

El debate electoral, el clima de descalificaciones mutuas, el “affaire” Murcia y la contaminación auditiva y visual de los medios de comunicación social no nos han permitido calibrar, adecuadamente, el significado del masivo apoyo del pueblo al uso de la fuerza para frenar la ola de inseguridad que invade al país.

Las declaraciones de casi todos los candidatos presidenciales apuntan hacia operaciones de “Mano Dura” y de endurecimiento de las penas a los menores infractores; magnífica oportunidad para traer a primer plano un problema prioritario que pareciera concitar un abrumador consenso.

Sin embargo, los operativos en las calles y las iniciativas de endurecimiento de penas se revelan a sí mismas, más que como plataforma para el relanzamiento de un plan de acción a largo y mediano plazo, como la mejor evidencia de la insondable incapacidad de los gobiernos de la era democrática post—norieguista para garantizar la seguridad ciudadana.

El debate suscitado ha revelado que, por primera vez, el pueblo observa que se le atiende en una de sus necesidades más sentidas, pero al mismo tiempo, el recurso de la represión, como factor protagónico, tiende a producir un amargo sabor de boca con respecto a las decisiones tomadas, en momentos en que se percibe que, por mucho tiempo, no se le dio la atención debida a la seguridad ciudadana e incluso a nuestra seguridad exterior.

Un asunto está claro. Desde la cruenta invasión norteamericana de 1989 para acá, la prioridad ha sido garantizar el orden democrático, pero mirando hacia atrás. El fantasma del militarismo ha presidido todas las decisiones que en materia de seguridad pudieran afectar al ciudadano común y corriente.

En medio del surgimiento de nuevos desafíos a la integridad territorial del país y de la emergencia de nuevos peligros para la seguridad individual y colectiva, nos hemos asegurado de contar con una Fuerza Pública débil, poco protagónica, de bajo perfil y deliberadamente puesta al margen de la discusión de los grandes temas nacionales.

La rápida sucesión de jefes de la Policía Nacional durante los primeros seis años posteriores a la invasión norteamericana, no hace más que traducir esa preocupación por “depurar” a la Policía Nacional y garantizar la desmilitarización de la misma, pero sacrificando la seguridad colectiva.

Esa fue la forma como los panameños entendimos la “subordinación” de los cuarteles al poder civil, es decir, como un problema básicamente político, sin ninguna conexión con las necesidades reales de protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

Lamentablemente, no parecen existir razones para pensar que la situación haya cambiado hoy. El recurso de la “Mano Dura” ha sido la forma de resarcir este déficit.

Sin embargo, lo que se ha perdido de vista es que cualquiera sea la versión de represión/prevención que se adopte, sus resultados no podrán ser visibles a corto plazo.

En la actual coyuntura esto comporta un gran riesgo para los futuros gobernantes: o empezamos ahora entendiendo que las soluciones tienen que ser profundas, pero con resultados a largo plazo, o nos abocamos a las acciones demagógicas y fáciles de pensar que la simple represión y su “visibilidad” serán la solución permanente.

*Investigador social y docente universitario.Ideman582003@gmail.com