Renegociar o eliminar equiparaciones

El Vaticano presentó el martes la encíclica Caridad en la verdad en la que Benedicto XVI hizo un llamado a darle un rostro ético a la economía, a fin de que el mercado no sea un espacio de atropello del fuerte sobre el débil. Demandó recuperar los principios tradicionales de la ética social, como son la transparencia, la honestidad y la responsabilidad. La encíclica afirmó que la economía no elimina el papel de los Estados y debe regirse por leyes justas.

En ese contexto la decisión del presidente Ricardo Martinelli de eliminar las equiparaciones en concesiones otorgadas por el Estado desde la década de 1990 está alineada con el espíritu de dirigir la economía y las finanzas públicas hacia el beneficio colectivo.

En la Asamblea Nacional de Diputados pronto se iniciarán los debates sobre el anteproyecto de ley para eliminar las equiparaciones a los contratos del Estado con las empresas portuarias, eléctricas, telefónicas, petroleras, los casinos, los corredores, terrenos en costas y áreas revertidas. Las equiparaciones se efectuaron para que las empresas tuvieran igualdad de condiciones en sus tratos con el Estado, aunque el resultado fuera la pérdida de ingresos fiscales. Se estima que solo en las concesiones portuarias el Estado dejó de percibir unos B/.200 millones, además de la morosidad de B/.30 millones en las áreas revertidas.

Ahora el presidente Martinelli busca regresar al contrato original y dejar sin efecto los beneficios que otorgaban las equiparaciones. Se requerirá de por lo menos seis meses para implementar la nueva ley, porque es el tiempo dado para que una comisión de alto nivel rinda un informe sobre las condiciones de los contratos con las empresas amparadas bajo la equiparación.

El presidente Martinelli sabe que pisa el terreno sensible de la seguridad jurídica y el respeto de contratos suscritos con el Estado. Además no todos los contratos se rigen bajo el mismo esquema. El Estado posee acciones en empresas eléctricas y telefónicas y existe una zona libre petrolera que tiene su propia legislación. En el caso de los corredores se requiere una auditoria financiera para conocer cuánto han recaudado.

Por otro lado, numerosas voces han demandado que se revisen las condiciones bajo las cuales se eximieron unos B/.300 millones en impuestos en la compra de Banistmo por parte del banco HSBC. También reclaman la eliminación de entre el 8% y 10% de los recaudos que reciben los cónsules como salario adicional.

Sin duda que la iniciativa del presidente Martinelli generará un extenso debate, pues no está enfrentándose a los sindicatos de trabajadores, sino a poderes económicos locales e internacionales. Por eso quizá habría sido más prudente abrir un proceso de renegociación de los contratos suscritos con el Estado. Analizar caso por caso y revisar los contratos hubiera permitido, por ejemplo, en lo referente a los puertos aumentar la tarifa por movimiento de contenedores. A otras empresas se les podrían eliminar los privilegios fiscales.

Pero el camino elegido demuestra que el presidente Martinelli quiere aprovechar la fuerza inicial de su gobierno para hacer marcar el paso a los grupos económicos y buscar así los recursos necesarios para cumplir sus promesas electorales.

-El autor es periodista. d_olaciregui@hotmail.com