¿Más dinero para qué?

Las reformas tributarias se han constituido en una de las primeras medidas de política económica que aplican los gobernantes desde que asumen el poder. Inmediatamente después de la invasión, desde 1992, se han impulsado diversos cambios en materia de impuestos y ha sido la clase trabajadora la que asume el costo de las mismas, independientemente de que se trate de impuestos directos (CAIR) o indirectos (5% o ITBMS), pues los empresarios los trasladan a los precios de los consumidores.

Con esta actuación se confirma la lógica de las reformas tributarias neoliberales, “ penalizar el consumo y no la obtención de ganancias extraordinarias ”. Esto ocurre porque los impuestos indirectos son pagados por toda la población al momento de comprar, aunque no se obtengan ingresos de ningún tipo.

También se confirma que el objetivo de los gobiernos no es atender las necesidades sociales de los excluidos, sino aumentar las recaudaciones para pagar las deudas, externa e interna, para garantizar la ganancia de las empresas privadas que realizan obras para el Estado, aunque no cumplan con los requisitos de calidad exigidos, o se conviertan en focos de corrupción. Ante esta situación, el pueblo se pregunta: ¿Para qué necesitan más dinero? ¿Para comprar otro avioncito? ¿Para pagar las comitivas de los viajes presidenciales? Mientras esto ocurre, los problemas de los pobres se agudizan, deteriorándose su calidad de vida.

Se puede asegurar que las reformas jamás han tocado los intereses de los sectores históricamente privilegiados con exoneraciones al pago de impuestos, como los usuarios de la ZLC, los bancos, tabacaleras, licoreras, puertos y otros grupos que obtienen ganancias extraordinarias sin retribuir al Estado. En algunos casos, los proponentes de las reformas amenazan tibiamente a algunas de estas actividades, como en la reciente propuesta, pero una vez más, el gravamen no es significativo para los niveles de utilidad que se obtienen, y tampoco incluyó a todos los privilegiados.

El gobierno de Martinelli todavía no ha terminado con su correspondiente paquete de reformas tributarias y anuncia que lo que viene puede ser una disminución del impuesto sobre la renta para las empresas y talvez para los pocos panameños que obtienen ingresos salariales o remuneraciones por el trabajo por encima de los B/800.00 mensuales, aunque no se conoce aún cuál sería el próximo mínimo imponible. Tampoco se sabe nada acerca de cómo se van a reemplazar los recaudaciones que se dejarían de percibir, aunque no deberá sorprendernos que aumenten los gravámenes al consumo (ITBMS) u otro medio que pudieran inventar.

En todo caso, reiteramos que al final los afectados serán los consumidores, los asalariados, las capas medias que no pueden evadir el pago de sus impuestos y que deben soportar los abusos de las empresas que trasladan hasta sus impuestos de rentas y otras ganancias a los precios de los productos y servicios que venden. Los resultados siempre han producido mayor regresividad al sistema tributario, el que más gana es el que menos paga, como una muestra más de la inequidad social que caracteriza a nuestra sociedad.

Lo cierto es que, desde los noventa a esta parte, las reformas nunca han sido fiscales sino tributarias, porque no se afecta la parte de los gastos públicos, por ejemplo, disminuyendo las erogaciones improductivas, los altos emolumentos de algunos funcionarios que se siguen enriqueciendo, los viajes innecesarios, las escandalosas exoneraciones y ventajas de unos pocos.

La corrupción empaña toda la gestión presupuestaria de los gobiernos, pero resulta irónico que el propio presidente denuncie actos de corrupción, como los 21 millones que distribuyeron los usuarios de la ZLC durante el período de Pérez Balladares para evitar el pago de impuestos y que no se investigue y castigue; o que también denuncie delitos de contrabando que provienen de esa área y no se haga nada al respecto; o que Pérez Balladares denuncie, por venganza, que el presidente o sus empresas nos deben siete libras de arroz por cada quintal que le vendieran al Gobierno durante su período y tampoco pase nada. O que durante el período de gobierno anterior se denunciara el acto de corrupción en que incurrieron funcionarios públicos para facilitar el enriquecimiento del actual ministro de Economía y Finanzas por la venta del BANISTMO y aún no se hace nada.

Frente a esta situación, al pueblo no le queda más que organizarse y prepararse para enfrentar las nuevas imposiciones y la corrupción que sigue azotando las arcas del Estado.

*Secretario General del Suntracs.rologe54@yahoo.com