Políticas públicas y demandas sociales

Producto de las políticas de ajustes estructurales, la reducción de la participación del Estado en la economía y el reemplazo del modelo de sustitución de importaciones, nuestro país ha visto inundado su mercado con productos importados, resultado de la eliminación de barreras arancelarias que protegían la industria nacional, fundamentalmente la producción agrícola y pecuaria, con el pretexto de hacerlas más competitivas, así como disminuir o eliminar la pobreza.

Sin embargo, este contexto de libre mercado y su enfoque de equilibrio mediante la implementación de controles en el gasto gubernamental, reformas fiscales, fomento de la inversión extranjera y privatización o concesiones de empresas públicas como estrategias para eliminar distorsiones existentes en el mercado y así favorecer al consumidor, ha sido un fracaso.

Los productos han aumentado de precio, mientras los salarios, han permanecido inamovibles. De igual manera, los controles en el gasto gubernamental han sido un sueño. Las medidas de control del gasto tienen validez como subterfugio de los gobernantes, a fin de impedir o limitar una política seria de cargos y salarios, en el sector público, que reconozca el mérito y la competencia de funcionarios con vocación de servicio y experiencia comprobada, que han sostenido el aparato gubernamental, pese a los desmanes y malversaciones de fondos públicos.

El presidente Martinelli anunció el aumento del salario mínimo sectorizado por zonas, rango de actividad económica y tipo de ocupación, a partir de enero de 2010, acción que mejorara el ingreso de 250,000 trabajadores. La medida considera un rango menor para la actividad agrícola y pequeña empresa, de manera que se proteja y promueva el empleo en ese sector. Aún cuando esta medida parece oportuna, es necesario reflexionar sobre sus consecuencias inmediatas, pues, al estar liberado el mercado, los precios continuarán su espiral de aumento, perjudicando a quienes mantienen los salarios estancados, entre $400 y $1000.

A este panorama se suma la urgente necesidad que el gobierno determine políticas sostenibles en materia energética e hidrocarburos, dirigidas a eliminar los monopolios y oligopolios existentes, permitiendo extremados márgenes de ganancia a petroleras, comercializadoras y productoras, de forma que garanticen a los consumidores protección contra los especuladores; de lo contrario será improbable obtener una disminución en los precios de los productos de la canasta básica, bienes y servicios, prometidos en campaña. De no lograrse una solución coherente y compatible que dé solución a las demandas sociales, la alternativa viable será la renacionalización de empresas vitales para el desarrollo nacional.

*Economista y educadora. diostesalvepanama@yahoo.com