El poder de la voluntad

Hacia el año 1995, Ralf Dahrendorf de la London School of Economics, escribió un trabajo al que tituló ‘La cuadratura del círculo’. En él intentaba contestar, desde un punto de vista práctico, preguntas fundamentales como: ¿Cuál es el precio que las sociedades modernas deben pagar para gozar de los privilegios del Primer Mundo? Concluía en seis propuestas, según él viables y congruentes para el mundo en general, que ayudarían a lograr un clima de confianza en el que sería posible relacionar libertad política, bienestar económico y cohesión social.

A diferencia de lo que se pudo observar durante los años dorados del capitalismo, es difícil encontrar un país latinoamericano que en algún período de su historia haya podido combinar democracia plena con crecimiento económico y una justa distribución del ingreso. Hubo países que mostraron importantes avances sociales con notorios déficit democráticos. También es posible observar, en distintas etapas, altas tasas de crecimiento conviviendo con una creciente desigualdad y gobiernos autoritarios. Por supuesto, tal como sucede en la actualidad, vivimos en democracias que funcionan relativamente con altos niveles de exclusión y de pobreza.

El gran desafío que enfrenta el Gobierno, y así parece percibirlo el presidente, es comenzar a mejorar la calidad institucional, para que sea el marco de un proyecto estratégico de desarrollo económico duradero, inclusivo y eficaz en cuanto a la generación de empleo. Instituciones fuertes, Estado eficiente, mercados competitivos y fundamentos económicos sólidos son parte de los retos que enfrentamos para comenzar en torno a un modelo de país o un proyecto de sociedad, en lugar de insistir en el concepto confuso de ‘modelo’ económico.

Como señala el economista de la Universidad de Harvard, Dani Rodrik, en un trabajo que tituló Estrategias de Crecimiento, ‘los últimos dos siglos de historia económica en los países desarrollados pueden ser interpretados como un proceso continuo de aprendizaje sobre cómo lograr un capitalismo más productivo, en el cual el marco institucional posibilite una economía de mercado autosostenida a través de burocracias públicas meritocráticas, justicia independiente, políticas macroeconómicas sanas, supervisión financiera, regulación antitrust, seguridad social y democracia política’.

Cada país, según el contexto histórico—cultural, debe producir los arreglos institucionales que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía. De la misma manera que en nuestro caso se debería incorporar a la agenda del Gobierno el tema central de la distribución del ingreso, en tanto ya se demostró que el crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. El Gobierno se enfrenta con la política y la economía cabalgando entre dos épocas. ¿Cómo construir lo nuevo con los materiales del pasado? ¿Cómo resolver la tensión entre la voluntad política de cambio y el sistema de intereses que se niega a resignar sus privilegios?

La política vuelve a definirse primariamente como el poder de la voluntad, una herramienta que debe reconocer las durezas y las restricciones de la realidad, pero sin ser condenada al mero ejercicio administrativo. Esta relocalización de la política en un espacio de mayor centralidad, proclive a la deliberación pública y a la participación de los ciudadanos, abre una nueva concepción. La aprobación mayoritaria de la sociedad sobre las decisiones que el Gobierno lleva adelante, si bien podría entenderse como una luna de miel extendida, también puede percibirse como una expectativa y un respaldo más activo a la decisión de trazar una frontera visible y marcar con audacia el fin de un Panamá asociado al capitalismo de amigos, a los enriquecimientos vertiginosos e ilícitos, a la ausencia de reglas y controles y a la absoluta falta de premios y castigos.

El presidente Martinelli enfrenta, entonces, el extraordinario reto de comenzar a cuadrar el círculo, uniendo una fuerte renovación institucional, que otorgue confianza para emprendimientos, inversiones y ciudadanos, con un plan económico en el cual la supremacía de lo productivo pueda asociarse al empleo y a una mejora gradual de la distribución del ingreso.

Con esta voluntad, que requiere una amplia base de apoyo popular, una ciudadanía activa que haga valer la democracia de los ciudadanos por sobre la democracia calificada de los mercados, se puede comenzar a elaborar consensos y áreas de coincidencia, que vayan dando paso a una nueva cultura política como soporte estratégico para un sentido compartido de comunidad y de futuro.

*EMPRESARIO.