No ceder a caprichos

Me gustaría iniciar este artículo de opinión declarando que fui educador en dos universidades, hijo de dos educadores, nieto de otra, así como primo y sobrino de muchos otros, que han dejado su impronta en miles de niños y jóvenes, y para quienes no existían sábados ni domingos libres. El trabajo de educador, más que un trabajo, es un compromiso con el futuro de los pueblos.

Yo puedo decir con muchísimo orgullo que no pocas veces me he topado con personas que, al escuchar mi nombre, me comentan que, más que un simple profesor, este había sido un consejero, psicólogo y tutor. Muchos le debían su primer trabajo a quien se inició como un simple maestro de Calle 13 y prácticamente falleció con un lápiz en sus manos, dando clases a la mayoría de los ingenieros graduados en Panamá hasta el año 1980.

Mi madre, maestra de grado y luego profesora de la Universidad de Panamá, comenzó sus funciones en Portobelo, en la costa colonense, cuando para viajar allá, se hacía por botecitos, con el consabido peligro que eso implicaba. Su trabajo no terminaba al salir del Centro Amador Guerrero o de la Escuela República de Puerto Rico, pues acostumbraba a ir a visitar los hogares de los alumnos que se ausentaban o estaban enfermos para que no se retrasaran más de lo que fuera necesario.

Establecido esto, me considero con el derecho de expresar mi opinión sobre el comportamiento de los maestros y profesores que se unieron a un movimiento que los dirigió a declarar una huelga que se extendió por más de dos meses, perjudicando con esta acción a miles de estudiantes a nivel nacional.

Me da la impresión de que, al inicio, se dejaron influenciar por dirigentes de otros gremios que buscaron en los grupos magisteriales un vital apoyo, del cual estos alborotadores no contaban. Posteriormente, no solo los dejaron solos, sino que terminaron buscando apoyo con algunos grupos indígenas quienes, a la hora de negociar con las autoridades, lo hicieron buscando sus propios beneficios y no pensando en nadie más.

La realidad es que la ley que reforma la ley que rige la Caja de Seguro Social no tocaba a los educadores; sin embargo, se metieron en un arroz con mango del cual ahora no saben cómo salirse, y encima, solos.

Lo que se han ganado es el repudio de una comunidad que, salvo contadas excepciones, no los apoyó, pues consideraban que la ley aprobada no los afectaba directamente a ellos y que no era justo que quienes salieran más perjudicados fueran los niños y jóvenes, a quienes se deben y son su principal razón de ser.

Esa misma comunidad fue la que criticó cuando un ocupante del Palacio de las Garzas les aumentó de forma desmedida su salario, pero no lo condicionó a una evaluación que demostrara que el referido aumento salarial iba acorde con su desempeño, como funciona en cualquier otra industria.

Ahora, los maestros, con prácticamente el rabo entre las piernas, al verse ínclitos en una lucha sin sentido —donde muchos les sugerimos que buscaran una nueva forma de protestar, pues con la que trataban de chantajear al gobierno estaban perjudicando solo a los estudiantes—, han ido a la Asamblea Nacional a tratar de salvar la cara y a sabiendas de que en el Palacio Justo Arosemena tampoco los complacerán.

De paso, están solicitando que no haya represalias, lo cual es entendible, pero podrán pedirlo tantas veces como gusten, mas el Gobierno Nacional no debe ceder en la decisión de no reconocer los salarios no pagados mientras duró el ilegal paro de labores.

El derecho a huelga está contemplado en nuestra legislación nacional, pero para ser reconocido legal, debe cumplir ciertos pasos y debe ser declarada una huelga legal. Por ende, no se les puede reconocer el pago a quienes por más de dos meses no laboraron, pues si alguien lo llegara a aprobar, podría ser demandado ante las autoridades por violar disposiciones legales y malos manejos de la cosa pública.

Los panameños queremos que se ponga orden en muchas cosas, pero seguimos insistiendo en una doble moral, donde el orden sea para todos los demás, pero que “no me toquen a mí”. Varios de los educadores en paro trabajan en otras escuelas particulares, lo cual, de paso, no debería ser, pues no me vengan a convencer de que después de haber laborado ocho horas en una escuela oficial, usted tiene el espíritu, el ánimo y la fuerza para tirarse tras cuatro u ocho horas en una particular, programar clases, calificar pruebas y demás temas relacionados.

Debemos asumir responsabilidad por nuestras acciones y, en esto, debemos acuerpar a las autoridades gubernamentales que han tomado la decisión de no pagarle a quienes no hicieron su trabajo. Y mucho menos sacrificar un día de descanso de los alumnos para tratar de satisfacer los caprichos de unos cuantos.

Fueron advertidos, se les trató de explicar, negociar y mediar, y no quisieron ni siquiera escuchar. Llegó la hora de cambiar de líderes por otros que luchen por los derechos de todos ustedes y no por unos cuantos sinvergüenzas.