Por un Órgano Legislativo al servicio del pueblo panameño

El pasado martes 1 de julio, la Asamblea Nacional escogió una nueva junta directiva para el periodo legislativo 2025-2026. En una elección cerrada, el diputado panameñista Jorge Herrera obtuvo la presidencia, venciendo a la diputada oficialista Shirley Castañeda. El consenso fue el protagonista, dado que ningún partido político tiene mayoría absoluta dentro del Órgano Legislativo. De nada valió la visita de la diputada oficialista al Palacio de las Garzas.

Para nadie es un secreto que la Asamblea Nacional ha sufrido una degeneración espantosa causada por la corrupción. Desde las llamadas “botellas” y la falta de transparencia, hasta la instrumentalización de la Comisión de Presupuesto como método de chantaje y extorsión para pagar favores políticos, e incluso el nombramiento de familiares en las planillas de los diputados. Y la lista sigue. No hay duda de que el Órgano Legislativo ha tocado fondo.

Hay una serie de proyectos de ley que no fueron tomados en cuenta en ningún momento: desde las modificaciones al reglamento interno del Órgano Legislativo, la modernización de la justicia, las medidas anticorrupción y la innovación gubernamental, entre otros temas que no avanzan. Esto se debe a que los parlamentarios no han tenido la decencia de darles el debido trámite porque, según ellos, no les generan retorno económico y político. Claro, porque ellos han visto que lo que sí les genera ese tan anhelado retorno económico y político es el “juega vivo”, las prebendas y los negociados bajo mesa.

Esos tiempos donde se le daba prioridad a los debates de altura sobre los temas nacionales, evidentemente, han quedado en el pasado. Lo que ha prevalecido es el llamado “matraqueo”, donde les compran las conciencias a los diputados con dinero en efectivo u otorgamiento de contratos del Estado a las empresas de estos. ¿Cómo olvidar a aquel diputado de Los Santos que, en una conferencia de prensa, mostró ante las cámaras de los medios de comunicación el dinero que recibió a modo de soborno para darle su aprobación al contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), por la que fue procesado penalmente y cuyo caso le declararon prescrito?

Son estas actitudes perversas y macabras las que han llevado al Órgano Legislativo al fondo del abismo. Por eso, es necesario que esta nueva junta directiva se arme de valor y decencia para atender todos esos temas que han quedado pendientes, para que el Órgano Legislativo esté al servicio del pueblo panameño y no al servicio de los deseos mezquinos de algunos diputados manchados por la corrupción y sus donantes adinerados que no quieren lo mejor para el pueblo, sino que quieren valerse del erario para seguir con sus negociados bajo mesa. ¡Dios bendiga a la patria!