Revolución educativa

Durante la gestión del presidente Aristides Royo, en el año 1979, un gran movimiento ciudadano se opuso a una propuesta de su gobierno para hacer una reforma educativa. Sectores de izquierda y de derecha, docentes y fuerzas vivas del país, opositores al régimen que era apoyado por el gobierno militar, manifestaron su rechazo a un proyecto que muchos alegaban era de corte comunista.

El gobierno depuso la decisión gubernamental después de una gran manifestación, que, a juicio de algunos educadores, significó un retroceso en el proceso educativo. La oposición a esta propuesta gubernamental fue manipulada por grupos opositores y se ha dicho que ni el 1 % de los que salieron a protestar conocía de lo que se estaba proponiendo.

Treinta y cinco años después la educación panameña sigue estancada y en muchos casos ha retrocedido, a pesar de que nos vanagloriamos del índice de alfabetismo que tenemos. Nuestro pueblo sabe leer, pero no comprende lo que lee, sabe escribir, pero lo hace mal. Y en Ciencias y Matemáticas se ha demostrado que estamos a niveles de países cuyos índices de analfabetismo son escandalosos.

Ahora, al calor de las propuestas electorales, se propone una revolución educativa, y es importante lograr que el público comprenda la necesidad y naturaleza de lo que esto implica. No se trata de prometer becas universitarias, cuando el índice de deserción en secundaria es altísimo. Se trata de construir una política educativa de Estado, de largo plazo, que cuente con un gran consenso social.

La revolución educativa consiste en que la profesión del docente sea la más admirada del país. Esa revolución educativa es un cambio radical en relación con la realidad actual. El éxito que se puede obtener de ella consistiría en que los docentes sean reconocidos como el principal aliado en el desarrollo humano del país.

Para lograr realizar esta revolución educativa se requieren tres cambios importantes en el sistema actual. El primero es que nuestros centros de formación docente sean de clase mundial, y ciertamente los mejores de América Latina. Y esto incluye infraestructura, contenidos y recurso humano.

El segundo es que los docentes puedan llegar a tener ingresos tan altos como las tienen las profesiones más remuneradas, para que la docencia retenga y atraiga a los mejores.

El tercero es un proceso de rendición de cuentas válido y eficaz, que mida la excelencia de alumnos, docentes y escuelas y que debata con la nación los resultados abiertamente. Es importante retomar las pruebas PISA y utilizarla como indicador, enfocándonos en la mejora continua del desempeño de nuestros docentes y estudiantes.

La urgencia de esta revolución no es solo obtener mejores graduandos para el trabajo o la universidad. La necesidad principal radica en que la brecha de calidad pública-privada está promoviendo la desigualdad social. Estamos condenando a mucha gente a la pobreza, a pesar de las oportunidades económicas que genera el país.

El aumento del nivel de vida ‘real’ de los docentes lo justifica la exigencia de calidad con un proceso de rendición de cuentas transparente y el aumento dramático de inversión en perfeccionamiento y formación docente. Llevar a cabo una revolución educativa es un pacto social para lograr una excelencia que les dé una mejor oportunidad a todos.

Poner al docente como el foco de la transformación es necesario, porque son el principal factor de calidad educativa. Además, la mala calidad de la preparación de docentes arruina nuestra cobertura escolar. Una graduanda que en sexto grado sabe lo que debió aprender en tercer grado, es una alumna para la cual no existe la escuela primaria de cuarto grado en adelante.

Tenemos que apostar por la era del conocimiento con esta revolución educativa. ‘La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo’, dijo Nelson Mandela.

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