• 28/11/2014 01:00

Cédulas multipropósitos, ¿constitucionales? (II)

Recordemos que Estonia es un país que padeció una experiencia de conculcación de derechos por más de cuarenta años

Una cédula multipropósito que vaya más allá de expresar convincentemente la nacionalidad, sexo, número, fecha y lugar de nacimiento de los ciudadanos panameños, trasciende y secuestraría nuestra intimidad.

Es nuestro derecho y obligación exhibir nuestra identidad, cuando así lo requieran las autoridades y transacciones civiles y mercantiles; pero nuestra intimidad es algo que nadie sin nuestro previo consentimiento ni siquiera el Estado debe saber o conocer; por consiguiente una cédula multipropósito exhibiría y pondría nuestra intimidad a merced de las instituciones públicas y empresas privadas nacionales y extranjeras.

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery, argumenta que ‘el modelo de referencia en el que se basan es en el diseño de las cédulas inteligentes de la República de Estonia, nación situada en el norte de Europa’. Decir que el país inspiración de este proyecto es Estonia, evidencia el afán de la autoridades del Tribunal Electoral de mercantilizar nuestra intimidad.

Recordemos que Estonia es un país que padeció una experiencia de conculcación de derechos por más de cuarenta años, ya que fue sometida y anexada por la Unión Soviética, Estado otrora transgresor de la libertad y los Derechos Humanos.

Decir que Estonia es un arquetipo institucional, con el cual los panameños debemos compararnos, es vapulear nuestra sana convicción por la democracia.

El derecho a la intimidad es un derecho humano y es Garantía Constitucional, artículo 29 de la Constitución Política de la República que expresa: ‘La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales...’ nadie ni siquiera el Tribunal Electoral tiene derecho a evidenciar públicamente lo que solo compete a nosotros.

*ABOGADO Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS.

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