“¿Acaso usted es Dios para prometer tanto?”

Al asumir el liderazgo de nuestro país, el Gobierno de Juan Carlos Varela heredó y ha tenido que enfrentar una acumulación aplastante de numerosos problemas económicos, políticos y sociales que han venido agravándose en los últimos años y cuyas profundas raíces permanecen ancladas en décadas, sino siglos de prepotencia, injusticia e indiferencia. Solo desde este punto de vista podemos entender la conflictividad existente y persistente entre el Estado y los pueblos indígenas, siendo la crisis de Barro Blanco una de sus últimas expresiones, aguda y dolorosa, pero en ningún momento única, coyuntural ni pasajera. Tal vez como sociedad nos va a costar demasiado aceptar las culpas que hemos venido arrastrando por un pasado reciente y al mismo tiempo remoto de despojo, discriminación y maltrato hacia nuestros hermanos y hermanas indígenas.

Como tantas otras cuestiones, no se trata de un simple engendro de la mente macabra de Ricardo Martinelli —también se pensó que Manuel Antonio Noriega era el único responsable de la falta de democracia en Panamá, sino más bien de una deuda social que aún llevamos sobre nuestras espaldas. Y es que nos enseñaron a sentirnos superiores a quienes hablaran alguno de los demás idiomas de nuestra tierra— mal llamados dialectos; y que estas personas necesitaban de nuestra ayuda para salir de su miseria, que nada podíamos aprender de sus culturas milenarias y que al estar más expuestos a los destellos fulgurantes de la modernidad, éramos nosotros quienes teníamos el deber y la arrogancia de enseñarles a comer, a sembrar, a vestir, a vivir, y hasta a pensar.

Esfuerzo histórico al que se suscribieron tanto el liberalismo de Belisario Porras como el populismo militar de Omar Torrijos; y al mismo tiempo resistencia feroz de la población Guna en la Revolución Tule de 1925 y del pueblo Ngäbe durante el levantamiento Mama Tatda de 1965. Por eso no debería sorprendernos la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado panameño en diciembre de 2014 con relación a la construcción de la hidroeléctrica de Bayano entre 1973-1976. En nuestros días, resultan fascinantes los relatos que nos han llegado acerca de las negociaciones entre el general Torrijos y los sahilas guna en aquellos congresos en los que se discutieron los beneficios de este desarrollo hidroeléctrico para la población indígena —carreteras, acueductos, líneas eléctricas, programas agrícolas y demás imaginaciones que desfilaron por las mentes de los presentes y quedaron plasmadas en el llamado Acuerdo de Farallón firmado en 1976.

[Hoy día estas promesas incumplidas regresan como fantasmas que reclaman a los gobernantes su responsabilidad en la debacle de las comunidades de Bayano. El último incendio en Ikandi despierta nuestras conciencias de su continuo letargo. ¿O acaso las distintas entidades gubernamentales se acordaban de a dónde quedaba aquel reasentamiento de personas guna que tuvieron que abandonar sus tierras para que en la ciudad pudiera haber electricidad?]

[Al igual que las inundaciones de 2010 en la cuenca de Bayano, las cenizas de Ikandi no se pueden considerar como mero accidente del destino, sino como violencia estructural de un Estado panameño que despoja a lo que menos tienen para propiciar el despilfarro. Una decena de administraciones presidenciales desde Lakas hasta Martinelli han conducido bajo distintas circunstancias las riendas del Estado sin que ninguna de ellas se haya hecho responsable de cumplir el Acuerdo de Farallón firmado por el Gobierno nacional con los sahilas guna de Bayano hace treinta y nueve años en la afamada casa de playa del general.]

A más de doscientos kilómetros de este paradisiaco paisaje, otro grupo de campesinos y fieles de Mama Tatda nos relatan una historia parecida. Según su memoria colectiva, al propio general Torrijos le tocó escuchar las razones por las que ellos se oponían a la construcción de las represas en el majestuoso río Tabasará. Con orgullo pensaban que habían sido convincentes cuando el Jefe Supremo, poniendo su legendario sobrero sobre una mesa, terminó prometiéndoles con firmeza que estas represas jamás serían construidas. Más de quince años después, a los discípulos de la Tendencia, y también a aquellos que no eran tan tendenciosos, se les olvidó este pasaje cuando empezaron a impulsar la construcción de los proyectos hidroeléctricos Tabasará I y Tabasará II después de la privatización del IRHE; y de manera irónica, le tocó a los burócratas ambientales del propio hijo del general decidir la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del infame proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en 2008, más de un año antes de que empezara el reinado de la locura en el Palacio de las Garzas. Tal vez hubo algo que no lograron comprender estas eminencias revolucionarias de los experimentos de ayuda social que ensayaron en Coclesito ni de los múltiples viajes a países socialistas para aprender a educar a los pobres; ya que con nuevos envoltorios de créditos de carbono, desarrollo limpio y servicios ambientales, estos doctores del desarrollo trataron de administrar los mismos remedios de civilización a los pobladores Ngäbe y campesinos del río Tabasará, aún en contra de su voluntad.

A siete años de este vergonzoso acto de Gobierno, cuando casi nadie recuerda quien encendió la llama, pues ha sido a otros a quienes les ha tocado apagar el fuego —claro está, con un par de notables excepciones; debemos reflexionar acerca de las lecciones históricas que nos ha dejado la difícil relación entre los funcionarios de Gobierno y las comunidades de base en Panamá. Tal vez sea necesario redefinir a quiénes debemos llamar maestros y a quién considerar la alumna, al rememorar las proféticas palabras de la mujer guna que se puso de pie en el calor de las negociaciones de Bayano y se atrevió a decirle de frente al general Torrijos —en aquellos tiempos en los que no existía democracia en Panamá— ‘¿Acaso usted es Dios para prometer tanto?'.

*ESPECIALISTA EN CONFLICTOS AMBIENTALES Y DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS.