Temas Especiales

23 de Jan de 2021

Raúl Gálvez B.

Columnistas

El sobrecosto= impunidad para la corrupción

La doctrina de la corrupción cada día suma más estudiantes, adeptos y fanáticos en todo el orbe

Ha sido una constante en los denominado países del Tercer Mundo, desde finales del siglo pasado, que los gobernantes y burócratas combinados convenientemente con empresarios inescrupulosos adopten las malas prácticas de corrupción que se han desarrollado nocivamente en un número plural de naciones del Primer Mundo.

La doctrina de la corrupción cada día suma más estudiantes, adeptos y fanáticos en todo el orbe. Es una carrera de estudios que no necesita textos impresos, aulas, campus, investigación científica y que gradúa masivamente a cientos de miles de ‘profesionales de la corrupción' en un tiempo muy breve y que es gratuita, dado que es financiada por el erario y los contribuyentes de cada país.

La vorágine de la corriente neoliberal ha implementado, con éxito, en las últimas cuatro décadas un ‘producto derivado' que se conoce como el ‘sobrecosto'. Este ‘producto' se ha convertido en una verdadera pesadilla para la población desprotegida, ya que sus clientes más importantes son el presupuesto del Gobierno central y sus instituciones, a los cuales les cercena un alto porcentaje destinado para obras y asistencia social.

La comunidad de contadores públicos autorizados, en especial aquellos profesionales al servicio del Estado, ha soslayado su responsabilidad ética, no solo de denunciar este tipo de prácticas, sino la obligación de prevenirlas en un grado máximo. Se ha confundido de forma complaciente el sobrecosto, que no es reconocido dentro de los principios básicos, como parte del concepto teórico de costo. Es tan usual que el término ‘sobrecosto' se mencione regularmente en los medios de comunicación social, que para la población se ha hecho común, pero sin llegar a conocer los alcances y sus devastadoras consecuencias.

Es una obligación ética del contador público autorizado resaltar en su informe de auditoría, en las notas de los estados financieros, en sus informes periciales cuando se detecte la incidencia del sobrecosto, tanto como parte de las erogaciones como de los ingresos. Sí, esto no es solo delito cuando se paga el sobrecosto, sino también cuando se recibe. El Código de Ética avalado por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en inglés) estaría siendo violado en dos de sus postulados básicos: profesionalismo y credibilidad. Recordemos que este código ha sido adoptado como ley de la República.

La determinación del sobrecosto es una actividad técnica que debe ser realizada por un profesional idóneo de la contabilidad, que pueda sustentar fehacientemente la concurrencia del sobrecosto, conjuntamente con las personas naturales y jurídicas responsable del mismo. La omisión involuntaria o motivada para utilizar los servicios de un profesional idóneo que dé fe ante los tribunales de justicia sobre la existencia del sobrecosto promueve la Impunidad para la Corrupción. Esto es tanto como no proveerle a la fiscalía que investiga las pruebas idóneas, sino pruebas inviables e insostenibles.

El movimiento neoliberal ha logrado pavimentar la impunidad para el sobrecosto, al no permitir la adopción de modernos y funcionales códigos y leyes penales que castiguen con severidad y prontitud este delito. Súmese a esto la aplicación de obsoletos códigos de ética y normas de auditoría que le permiten a los contadores públicos autorizados no afrontar sus responsabilidades con los usuarios de sus informes.

El incumplimiento de las normas éticas tiene que ser tipificado como un delito; sin embargo, observamos cómo las autoridades investigadoras han omitido sistemáticamente incluir en sus investigaciones por sobrecostos en obras, productos o servicios a los contadores públicos autorizados al servicio de la Contraloría General, Ministerio de Finanzas o en las empresas del sector privado.

Quienes aprueban, administran y controlan los presupuestos estatales se convierten en cómplices de este delito cuando permiten, por omisión o comisión, que el sobrecosto esté presente en la ejecución presupuestaria. La tendencia que muestran los hechos recientes indica que el virus del sobrecosto, como parte de la epidemia corrupción endémica ha llegado y resiste cualquier intento para su erradicación.

ABOGADO