La Constitución dispone rectificar la planificación eléctrica

Es evidentemente anticonstitucional que, desde que se concibió la ‘Autoridad Nacional de los Servicios Públicos' (ASEP), nuestros gobiernos hayan utilizado esta entidad para favorecer los intereses de los dueños de hidroeléctricas y de generadores termoeléctricos que contaminan neustro medio ambiente, en vez de hacer lo indispensable para procurar una adecuada salud y educación a los panameños más necesitados.

Los grandes ‘afortunados' como resultado de la privatización de las utilidades eléctricas durante el quinquenio 1994 -1999, fueron los nuevos dueños de hidroeléctricas, cuyos gastos de operación y mantenimiento son relativamente bajos en comparación con los gastos de los mucho más extensos y problemáticos sistemas de distribución eléctrica, cuya privatización era indispensable debido a su continuado deterioro en manos del gobierno; pero, para desgracia nacional, los nuevos dueños de hidroeléctricas empezaron a venderle la electricidad a las empresas distribuidoras a un precio al menos tres veces mayor al precio justo al que deberían vendérsela, haciendo necesario asignar grandísimos subsidios estatales para hacer asequible dicha utilidad a todos los panameños. Sin embargo, esto viola flagrantemente el Artículo 46 de nuestra constitución, que reza: ‘Cuando la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social'. Además, nuestros últimos gobiernos han debido detener los proyectos para nuevas hidroeléctricas y plantas termoeléctricas en cuanto se supo del peligroso calentamiento global, ya que incluso la descomposición de las plantas sumergidas en aguas de los embalses de hidroeléctricas produce gas metano, que constituye aproximadamente el 7% de los gases que causan dicho calentamiento.

Desafortunadamente, quizá debido a una inadecuada actualización profesional o una completa falta de conciencia ciudadana, los dirigentes de la ASEP pretenden seguir aumentando el número de hidroeléctricas y plantas termoeléctricas, como intentan hacerlo instalando un nuevo generador termoeléctrico cerca de La Chorrera; pero ambos tipos de generación igualmente son violatorios del Artículo 114 de la constitución, que literalmente estipula: ‘Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana'.

Lo señalado arriba y la trayectoria de la ASEP hasta hoy día, hacen imperativo que el presidente Varela le aclare a todos los funcionarios gubernamentales que ellos deben acatar las normas constitucionales; y adoptarlas inmediatamente, no cuando ellos lo consideren conveniente. Finalmente, nuestro presidente debe recordar que él juró cumplir la constitución y debe encontrarle reemplazo a todos los funcionarios que deliberadamente desdeñen nuestra Carta Magna.

JUBILADO DEL CUERPO DE INGENIEROS DE EU