Oferta electoral y gestión pública, realidades encontradas (II)

Continuando la idea expuesta en la primera parte, agregamos que, dicha información mercadeada como ‘oferta electoral' o ‘plan de Gobierno' que incluso otros denominan la ‘hoja de ruta' de su Gobierno, y que los panameños leemos, debe ser lo suficientemente clara como para determinar y valorar su viabilidad y credibilidad de que serán implementadas. La viabilidad de la promesa o, mejor dicho, de la ‘propuesta', debe estar sustentada sobre la base de una cuantificación económica, indicando el gasto o financiación para su ejecución.

Sin dudas, todo plan de Gobierno debe ser elaborado bajo los parámetros constitucionales y legales existentes, incluso de presentarse algún impedimento o el surgimiento de un vacío legal que imposibilite la ejecución de la propuesta, la misma debe venir desarrollada y explicada para generar en los electores la credibilidad de la misma.

Se evitan los abusos en la administración pública, por el hecho de hacer cumplir lo planteado en la oferta, pero por la falta de legislación se ejecutan la margen de la Ley, con efectos legales posteriores a quien o quienes dieron la ‘orden de hacer'. Dichas ofertas deben contener principios de conductas éticas y medidas contra la corrupción.

Todas las propuestas u ‘ofertas electorales' deben explicar sobre la organización, estructura y gestión administrativa de la cosa pública, mismas que deberían estar acompañadas con la implementación de políticas de rendición de cuentas, así como de los procesos de evaluación para su cumplimiento, es decir una gestión pública en base a resultados.

La participación ciudadana es evidentemente un tema que debe ser desarrollado en las ofertas electorales, se deben implementar programas en los cuales las tomas de decisiones dentro de la gestión pública no solo sea el derecho y el deber cívico de elegir a las autoridades que nos representan, sino más allá, indicar mecanismos de una participación permanente en las tomas de decisiones; como, por ejemplo, la designación de cargos públicos importantes, tales como magistrados, procuradores, directores de entidades autónomas, entre otros.

Estas oferta electorales deben contemplar formatos accesibles, compresibles y que puedan llegar a todos los sectores de la sociedad, mismos que al ser difundidos puedan ser sujetos a análisis, además de ser confrontados con las otras ofertas electorales y en donde la sociedad pueda determinar a simple vista qué organización política, grupo político o independiente está utilizando argumento o discursos demagógicos.

Concluyo indicando que hay un amplio grupo de la sociedad que desconoce toda escala ideológica de las agrupaciones a las cuales pertenecen o simpatizan, por lo que puedo identificar incluso que gran parte de la misma no es capaz siquiera de diferenciar entre izquierdas y derechas ni sus derivaciones.

Es nuestro país existe una relación entre las novísimas agrupaciones políticas no partidistas, los partidos políticos, independientes y ciudadanos enmarcada en simpatías, protagonismos y clientelismos, más que por motivaciones pragmático-ideológicas, por lo que conlleva a tener una sociedad sin la capacidad de identificar verdaderas propuestas u ofertas electorales, enmarcadas en las ideologías políticas de quienes las proponen, mismas que en la mayoría de los cosas solo responden a diseños coloridos, música alentadora y palabras esperanzadoras.

ABOGADO