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16 de Oct de 2019

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Genaro López

Columnistas

Defender la vida, requiere exigir justicia...

El pueblo panameño ha podido evidenciar una vez más el método del ejercicio de poder de la partidocracia en el Gobierno

Defender la vida, requiere exigir justicia...

El pueblo panameño ha podido evidenciar una vez más el método del ejercicio de poder de la partidocracia en el Gobierno, en esta ocasión del Gobierno panameñista. Frente a los múltiples problemas —salud, seguridad social, educación, costo de vida, contaminación ambiental, desempleo, informalidad laboral, bajos salarios, inseguridad ciudadana que vive a diario el pueblo panameño— la respuesta del Gobierno de Juan Carlos Varela ha sido mediática. Fotos donde aparece el presidente reinaugurando obras remozadas (colegios, centros deportivos). Sin embargo, la realidad está por encima del árbol. A tres semanas de iniciado el año escolar, todos los días, en algún plantel del país, estudiantes, padres de familias y educadores se vuelcan a las calles o suspenden clases por el deterioro de la infraestructura física.

La injusticia continúa, la misma quedó en evidenciadas ante la suspensión del juicio por el caso del envenenamiento masivo con dietilenglicol, tal como denuncio Cofadesavi. Para las víctimas, sobrevivientes y familiares de los envenenados, a 10 años del reporte del envenenamiento, denuncian la burla de la que una vez más son objeto. Como bien han señalado, ‘continua el vía crucis'.

La impunidad sigue carcomiendo las esferas del Estado. En esta ocasión, nuevamente la Asamblea Nacional hace gala de su estatura moral; con siete votos a favor y una abstención, la Comisión de Credenciales desestima ocho querellas contra José Ayú Prado. Se trata del pacto de gobernabilidad que les garantiza impunidad.

En medio de ello siguen los despidos masivos en la Zona Libre de Colón, puertos, Metrobús, Harina Panamá, bancos, entre otros; aumenta el desempleo y la informalidad laboral, situación que se agravará ante las recomendaciones del FMI de reducir planilla estatal. Los sectores productivos, principalmente la producción de alimentos, sigue decreciendo, la actividad de la construcción registró caída, la deuda aumenta y aumentó el precio del combustible. La situación socioeconómica del pueblo panameño sigue deteriorándose, escenario que desdicen los discursos de Varela.

En estricto sentido, Panamá es un país patas arriba, donde la gestión gubernamental está encaminada a favorecer las minorías que concentran la riqueza, a los 115 ultramillonarios, mientras que impone hambre y miseria a la población trabajadora que no logra con su salario cubrir plenamente el costo de la canasta básica familiar.

Nos preparamos para la nueva etapa de la lucha, contra los proyectos de privatización de la salud, hoy bajo el nombre de Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), antes ANAS, SUS, APP. Igualmente, contra los dictámenes del FMI en materia de seguridad social, con sus consabidas medidas paramétricas (aumento de edad, densidad, cuota y cotizaciones), que niegan el derecho a la pensión/jubilación del pueblo trabajador y que pone los fondos del Programa de IVM de la CSS en manos privadas (empresas administradoras de pensiones). Aunado a ello, entre las condiciones que hacen la vida saludable, también el Gobierno camina hacia la privatización del agua, donde la concesión del lago Bayano tiene dueño. Es decir, es un caminar contra la política económica neoliberal que niega el derecho a la vida digna del pueblo trabajador.

El pueblo sigue en la lucha, sin embargo, es necesario pasar de las luchas aisladas, es necesario unirse frente a las medidas neoliberales que pauperizan la calidad de vida. De la misma manera, la solidaridad debe ser uno de los principios del accionar del movimiento popular, en esta oportunidad con los familiares y víctimas del dietilenglicol, cuyo juicio esperamos que se desarrolle este lunes, tal como está llamado.

Enfrentar la injusticia que vive el pueblo panameño ante un Estado que cada vez expresa más su condición de Estado Fallido, es el reto. El pueblo exige justicia, atención a las demandas de los sectores populares que se enmarcan en la atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

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‘El pueblo exige justicia, atención a las demandas de los sectores populares que se enmarcan en la atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales'