El contralor, un actor político

En un Estado moderno, la Contraloría General de la República está llamada a ser un ente técnico, autónomo, que vela por la transparencia del uso de los fondos públicos, sin interferencias ni presiones políticas; sin embargo, en la práctica panameña reciente, esta institución ha sido desnaturalizada por completo, el actual contralor, lejos de ser un servidor público imparcial de la legalidad del Estado, se ha convertido en un instrumento político al servicio del presidente José Raúl Mulino, y en un actor de persecución contra los sectores sociales que alzan su voz en la defensa de sus derechos.

La Contraloría, que debería mantenerse al margen de los conflictos políticos y sociales, ha intervenido abiertamente como un actor de confrontación, no solo mediante su silencio ante los excesos del Ejecutivo, sino también persiguiendo y castigando a organizaciones sociales que ejercen su legítimo derecho a protestar.

Desde que se iniciaron las manifestaciones ciudadanas en contra de medidas antipopulares y represivas del gobierno, hemos observado con preocupación cómo la Contraloría ha usado mecanismos administrativos y de supuesta fiscalización para intimidar, paralizar o asfixiar económicamente a movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares, en lugar de fiscalizar los contratos irregulares del Estado, los sobrecostos de obras públicas o el despilfarro en altos cargos. El contralor ha preferido convertirse en un custodio de los intereses del poder económico y político.

El contralor ha emitido declaraciones públicas en las que trata de desacreditar la protesta social, calificándola de peligrosa y de carácter ideológico, sin respetar los límites que su investidura constitucional le impone, estas afirmaciones resultan graves y preocupan, ya que pretenden desconocer el derecho a la protesta, el cual constituye una garantía constitucional y legalmente protegida.

El movimiento social ejerce sus acciones dentro del marco jurídico vigente, dado que la protesta no está prohibida, sin embargo, diversas instituciones del Estado, como la que representa el contralor, que deberían resguardar los derechos ciudadanos, han optado por alinearse con el poder para reprimirlos.

La ciudadanía y los sectores realmente democráticos no podemos seguir permitiendo que quienes ocupan cargos de alta responsabilidad actúen con este descaro e impunidad, la persecución administrativa y presupuestaria contra organizaciones sociales, es una forma de violencia institucional que busca aplastar la disidencia, limitar la libertad de asociación y quebrar el derecho a la protesta.

La Corte Suprema de Justicia es la instancia competente para investigar y sancionar al contralor por violaciones a la Constitución y falta de imparcialidad, tiene la facultad de destituirlo si se comprueba su conducta irregular, hacemos un llamado urgente a que la Corte inicie este procedimiento e imponga la sanción correspondiente por los actos ejecutados ilegalmente por el contralor, ha excedido gravemente los límites legales, interviniendo de forma directa y abierta en asuntos que comprometen la independencia de poderes y el ejercicio legítimo de derechos ciudadanos.

Su injerencia en la escogencia de la presidencia de la Asamblea Nacional constituye una intromisión indebida en este poder del Estado, también ha actuado contra los intereses legítimos de los sindicatos, bloqueando el uso de fondos legalmente constituidos; ha obstaculizado el funcionamiento de la Universidad de Panamá, violentando su autonomía financiera, y ha perseguido económicamente a los educadores en huelga, como mecanismo de castigo por ejercer su derecho a la protesta. Estas actuaciones, ejecutadas al margen de la ley, no solo revelan una conducta parcializada y abusiva, sino que configuran faltas graves que justifican plenamente su destitución por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La historia y la justicia juzgarán al actual contralor, quien, teniendo la oportunidad de defender la democracia, opta por someterse al poder. Denunciamos con firmeza al contralor como cómplice de la represión, ejecutor de la asfixia económica contra el movimiento social y un transgresor de los principios constitucionales que juró defender.

Panamá necesita instituciones valientes, imparciales y comprometidas con el bien común, no funcionarios que actúan como operadores políticos, ya que cuando la Contraloría se convierte en instrumento del Ejecutivo, lo que se debilita no es solo la protesta social, es el Estado de derecho.