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19 de May de 2022

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    Rafael Carles

Columnistas

Hacia un país mejor

‘La crítica situación que atraviesa el país (...), amerita una revisión, sin eufemismos ni tortuguismos, del sistema de Justicia'

Hacia un país mejor
Hacia un país mejor

Hay algunos temas que por su importancia deben ser abordados de una sola manera, con la máxima honestidad intelectual y el mayor desapasionamiento, con generosidad y valentía. Este es el caso de la justicia panameña. Desde niño tuve la imagen de una justicia con los ojos vendados. Era una de las imágenes que más me intrigaban. Con el tiempo comprendí su importancia: de eso depende la independencia. Todas las encuestas que desde hace tiempo se vienen publicando —y me refiero a todas, las serias y las no tanto— muestran que la justicia panameña está fuertemente sospechada de dependencia, parcialidad e ineficacia, desacreditada frente a la población y con alto grado de desconfianza.

Este es el problema real y que es imprescindible resolver. Hay cuestiones esenciales y de gran importancia que dependen de la existencia de una justicia fuerte, prestigiada, confiable e independiente. La paz social, la estructura racional del Estado y la existencia misma de la República dependen de ello.

Cuando fuimos comisionado de la Clicac en 1996-2000, nos encontramos con que la Constitución, las leyes, los decretos y las normas del país están creadas para cumplirse y que todos sin excepción estamos bajo un marco legal que debemos respetar, porque de lo contrario seremos sancionados y castigados. Y aunque nuestra área de jurisdicción era eminentemente administrativa, nuestros fallos tenían consecuencias legales y podían ser amparados en el ámbito judicial. Es decir, tuvimos una oportunidad única de hacer justicia y siempre nos esforzamos para administrar los casos con imparcialidad y sin presiones políticas de ninguna naturaleza.

La preservación del principio de seguridad jurídica, tan caro a las horas de las inversiones y con sus consecuentes condicionantes de crecimiento, demanda laboral, producto bruto y mejores condiciones de vida del pueblo, también reconoce la necesidad de una justicia confiable. Lo que es más importante es que de ella depende que no haya discrecionalidades y que el ciudadano encuentre un bálsamo frente a la creciente sensación de angustia que algunas situaciones le producen.

Por otra parte, es indudable que el sistema judicial exige un compromiso con algunos viejos pero sabios mandatos de la Constitución, como es la presunción de inocencia, pero a la vez con otras demandas como son la asombrosa y vertiginosa evolución de los bloques económicos, sistemas jurídicos interdependientes y avances tecnológicos que advienen con la realidad mundial de la globalización. A nuestro juicio existe un par de pasos que deben darse para solucionar esta problemática.

Primero, después de muchos años en que la sociedad panameña ha asistido atónita a una discusión que es percibida como una lucha de poder por la preeminencia de factores políticos en la administración de justicia y designación de magistrados en la Corte Suprema, se produce el alumbramiento de una idea de hacer cambios en la Constitución para adecentar el proceso y transparentar el sistema. La ley, en este contexto, no soluciona por sí sola nada. La responsabilidad republicana exige ir más allá. Exige que los factores políticos se autolimiten y otorguen real y efectiva preeminencia a los sectores académicos y profesionales. Igualmente, supone que los cuadros legislativos tengan autoridad moral y ética para llevar a la práctica y a la ley lo que estamos exponiendo.

Y segundo, la preparación de un informe puntual del estado procesal, una suerte escrita de todos los casos existentes pendientes, que puedan de forma objetiva y puntual publicarse mensualmente. Una especie de rendición de cuentas que posibilite, como lógica consecuencia, la caducidad de los procesos en relación con sus tiempos y términos.

La crítica situación que atraviesa el país de cara a las acusaciones por el cobro de coimas y malversación de fondos públicos por decenas de millones de dólares, amerita una revisión, sin eufemismos ni tortuguismos, del sistema de Justicia. Por tanto, quien ose en postularse en el 2019 para candidato presidencial debe proponer ante todo vías concretas de reparación a este problema.

Guardo un profundo respeto hacia la justicia como para hacerme el distraído frente a tan grave problema. Muchos de los jueces son buenos y merecen que la ciudadanía les otorgue la confianza, el respeto y el poder de proveer justicia a los actos de los ciudadanos. Pero no se trata de que hagan una justicia nueva, sino una justicia mejor, con gestos de autolimitación de los poderes políticos y con mecanismos para que lo bueno sea respetado y para que lo malo sea apartado en forma definitiva. Estamos seguros de que, si nos lo proponemos, tendremos un país mejor.

EMPRESARIO

‘... no se trata de que hagan una justicia nueva, sino una justicia mejor, con gestos de autolimitación de los poderes políticos y con mecanismos para que lo bueno sea respetado...