Temas Especiales

30 de Nov de 2020

José Dídimo Escobar Samaniego

Columnistas

Globalización y Privatización en Panamá

Economistas de diferentes partes del mundo señalan, con información comprobable que desde el 2009, el 95 % de la riqueza ha ido a parar al 1% de los privilegiados.

Estamos asistiendo al cortejo fúnebre de la globalización, la bandera y estandarte de los poderes fácticos mundiales, de los cuales el multimillonario David Rockefeller fue uno de sus más claros representantes, juntos a los Rothschilds, Club Bilderberg y la Comisión Trilateral, que promovían un nuevo orden mundial, pero que sólo sirviópara enriquecer a los que ya eran inmensamente ricos.

Destacados economistas de diferentes partes del mundo señalan, con información comprobable que desde el 2009, el 95 % de la riqueza ha ido a parar al 1% de los privilegiados. Una concentración impresionante de riqueza que ha abierto una más amplia brecha entre pobres y ricos y que moralmente es ya insostenible.

La regulación y los entes estatales que se crearon en el período de Pérez Balladares, para poder imponer la privatización de los servicios públicos en Panamá, por ejemplo, se sostenían en que por esa vía se regularía el equilibrio entre los entes privados prestadores del servicio y los usuarios, es decir, la gente. Lo que ocurrió ha sido demoledor contra las personas. Los regulados terminaron controlando al regulador y de allí en adelante, un solo desmadre ha sobrevenido.

Hace una semana atrás -y de manera repetida el 21 de marzo- los estallidos de unos transformadores detrás de la USMA, tuvieron la virtud de traernos a la memoria colectiva de los panameños, veinte  años de la privatización de los servicios públicos, como el de la luz, teléfono, industrias del cemento, puertos, ferrocarril, los ingenios azucareros y otras empresas, que nos aseguraron que a través de ese nuevo modelo privatizador serían mucho más eficientes y que obtendríamos beneficios superiores a los que recibíamos como Estado.

Todas las concesiones y ventas desde Endara, que privatizó (casi regalando), Cemento Bayano en el momento en que subieron el precio del mismo y la industria de la construcción demandó siete veces la producción, testifican categóricamente la política que despojó al Estado panameño de grandes recursos para otorgárselos a corporaciones privadas, que en dos décadas han obtenido  casi diez veces la inversión que hicieron en la compra, lo cual constituye un atraco impresionante al patrimonio de todos los panameños.

Las privatizaciones generaron una pobreza colectiva impresionante, mientras que enriquecimos graciosamente a empresas vinculadas al gran capital internacional. El modelo de participación del Estado con el 49% de acciones -una suerte de juego macabro en donde nuestro capital solo recibe en algunos casos dividendos pírricos- como por ejemplo lo que Cable & Wireless le da al Estado por su participación accionaria; menos de 40 millones de balboas anuales, a pesar del volumen del negocio, mientras que antes de la privatización, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) le aportaba al Estado una suma superior a 150 millones de balboas anuales que a valor presente rondaría los trescientos millones de balboas.

Además de altos salarios a más de 3,500 colaboradores que gozaban de estabilidad laboral, cotizaban a la CSS y derechos sindicales, cosa que hoy se han tercerizado o subcontratado casi todos los servicios con un mínimo número de personal cotizante. Unión Fenosa y Electra noreste no se diga. Las empresas que dan los servicios, son parte del conglomerado de Gas Fenosa en España, y se llevan una amplia tajada del negocio, sólo para no compartir la transacción y los beneficios con nuestro Estado.

Las Juntas directivas y la participación de nuestro Estado no rinden informes al país y su papel es casi decorativo, en franco detrimento de nuestro patrimonio, aspecto que parece no interesarle al Contralor General de la República y tampoco al actual Ejecutivo ni a los partidos políticos vigentes.

La facturación del servicio de luz y teléfono alcanzó varias veces la demanda de 1998, pero al Estado por ejemplo en el servicio de luz, solo le toca el 4% por la transmisión de la energía, monto que apenas sirve para amortizar los préstamos que contrató el país para extender la transmisión eléctrica nacional.

Cabe anotar que quienes partieron la empresa eléctrica IRHE, buscaban un solo objetivo: en la división, las devaluaron y devaluadas las privatizaron, lo cual casi las regalaron. El dinero obtenido por esas transacciones hoy, forma parte del fondo de ahorro nacional, que lo han pellizcado y cada día es menos trascendente en el presupuesto nacional, al punto que ni siquiera alcanza para cubrir el déficit fiscal que nos acosa, desde que Martinelli obtuvo la ampliación irresponsable de 3% del presupuesto nacional y abusó en extremo de un punto porcentual adicional, sin que el actual gobierno lo haya disminuido sustancialmente.

En los últimos incidentes de ETESA, el Estado tendrá que cargar con la cuenta de los gastos para que las empresas distribuidoras y generadoras sigan amasando una gran fortuna y sin que tengan que hacer mayor inversión.

Hemos elaborado tres artículos incluso con cifras precisas, sobre este drama que afecta y hace casi ilusoria la pretensión del desarrollo y justicia para todos los panameños, además de la dramática situación causada por la corrupción generalizada que hace aguas al país y que necesariamente debemos abordar con la mayor responsabilidad, tanto por la decrepitud y degradación política y social, como por las graves consecuencia que de todo esto se deriva para la nación.

¡Así de sencilla es la cosa!