Emprendimiento y Gobiernos locales

El emprendimiento es un movimiento comercial y jurídico, que tiene profundas raíces la armonización del sistema económico global. Este movimiento ha liberado una serie de ideas orientadas a lograr la independencia financiera de personas económicamente activas, atadas a relaciones laborales, por un lado, y por otro, a insertar o incluir a quienes viven de la economía informal.

El emprendimiento forma parte de algunas propuestas teóricas y prácticas, para el ejercicio efectivo de políticas públicas, que estimulen el mercado y coadyuve a esta masa creciente de personas que cada día encuentra mayor cabida en los sistemas financieros nacionales y locales. En Panamá, se ha venido profundizando en esta materia, y como compromiso de Estado, el 17 de noviembre de 2016, se firmó del Pacto Nacional por el Emprendimiento. Previo a esto, a inicios de siglo, se promulgó la Ley 8 de 29 de mayo 2000, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), posteriormente, se promulga la Ley 5 de 11 de enero de 2007, que agiliza el proceso de apertura de empresas y así, otras normas nacionales, derivadas o relacionadas, para finalizar.

En el caso de Panamá y su incipiente sistema de descentralización de Gobiernos locales (Ley 3 de 2009, reformada por la Ley 66 de 2015), el emprendimiento es hoy uno de los elementos fundamentales que se deben tomar en cuenta, dentro de un plan estratégico municipal, para promover el desarrollo económico sostenible, y la socialización del mercado.

Es relevante entonces, que los municipios asuman roles protagónicos y cuenten con un plan estratégico de emprendimiento, cuyo objeto fundamental ha de ser el viraje del modelo económico informal hacia el de emprendimiento, en aras del progreso particular del micro, pequeño o mediano empresario, como del municipio como organización político social.

El beneficio inmediato para los municipios, será entre otros, el registro y clasificación de sus comerciantes, la legalización de actividades llevadas al margen de la ley, la clausura de actividades ilícitas, la recuperación de zonas o áreas urbanas sumidas en la informalidad, control de desperdicios y limpieza, pero sobre todo orden, tanto en espacios públicos como en las finanzas, además de poder identificar actividades que pueden ser gravadas con impuestos municipales.

Para el comerciante informal la ventaja contrapuesta, en adición a la que promueve el sistema nacional de emprendimiento, debe ser el contar con una locación salubre, que le permita competir, sostenerse y crecer, pero para esto se requiere seguimiento de las autoridades locales, quienes deben desarrollar administrativamente esta función.

Una política pública eficiente, debe tener la posibilidad de medirse, para probar si resulta positiva o no, dentro de los plazos en los que debiese ejecutarse progresivamente. En los municipios el objetivo entre administradores locales y administrados, debe ser la disminución de la informalidad, para darle paso al emprendimiento y ganarle espacio a la pobreza, partiendo de una premisa sencilla de que la informalidad, no genera ningún tipo de beneficio a la sociedad, más que para crear mayor informalidad, en una economía personalísima y básicamente de subsistencia.

ABOGADO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.