Medio ambiente panameño en riesgo (2)

Poco se sabe de las motivaciones que llevaron a la ministra de Ambiente, Mirei Endara, a renunciar de su cargo en marzo de este año. Nadie puede dudar de sus credenciales al frente de esa cartera y de su excelente desempeño, de antes y ahora, en el ejercicio de sus funciones. Los recientes escándalos evidenciados por la disputa entre el ministro actual, Emilio Sempris y el secretario general de ese ministerio, Félix Wing, abren dudas respecto a lo difícil que era, para la exministra, laborar en medio de intrigas y desencuentros de sus supuestos más cercanos colaboradores y ver, al mismo tiempo, cómo las acciones de diversos sectores diezmaban el medio ambiente de nuestro país.

La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) es la entidad autónoma pública especializada del Estado, que tiene competencia y autoridad en materia de medio ambiente y de gestión sostenible de recursos naturales. La Ley General del Ambiente establece los principios y normas básicas para la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Su legislación tiene como objetivo establecer una estrategia para el desarrollo, así como también prevenir los daños ambientales, mediante la comunicación, educación, capacitación e investigación. No obstante, muchos de estos enunciados parecen ser letra muerta.

Cada día surgen noticias sobre especies que se extinguen o se encuentran en peligro de extinción y, al mismo tiempo, existe un mayor nivel de destrucción de los entornos naturales. Panamá no es la excepción a dicha situación. Las constantes denuncias por destrucción o intervención en humedales, manglares y reservas protegidas, ponen en evidencia que la protección al ambiente y sus recursos, con las negativas consecuencias que implica, no parecen ser de la prioridad del Estado. La ley establece la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y la gestión integral de riesgo de desastres dentro de los programas de educación primaria, secundaria y superior del territorio nacional, lo cual parece ser, también, letra muerta, a pesar de los ingentes esfuerzos del director general de Sinaproc.

Hace poco, importantes grupos ambientalistas señalaron que el Parque Nacional Darién está en peligro, ante las titulaciones de tierras que se vienen otorgando, a pesar de su estatus como el área protegida más grande de Centroamérica y el Caribe, y que fuera declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad, en 1981.

Por otra parte, la tala ilegal de especies maderables de alto valor comercial es un delito que no ha podido ser erradicado, en parte por las características geográficas del Darién y también por falta de medidas eficaces para combatirlo de manera directa. En esta misión el Senafront realiza, de manera prioritaria, enormes esfuerzos. También es alarmante el nivel de deforestación que afecta en forma grave a la biosfera, complicado aún más con las quemas que se realizan para ‘limpiar' amplios espacios de terrenos destinados a la agricultura, que algunas veces se salen de control, destruyendo los suelos por largos períodos de tiempo y afectando a muchísimas especies animales.

El Índice de Desempeño Ambiental o ‘Environmental Performance Index' (EPI, por su acrónimo en inglés) es un método confiable que sirve para cuantificar y clasificar el desempeño ambiental de las políticas sobre esta materia que un país implementa. Cada año emite un informe, tomando en consideración importantes indicadores como: salud, clima, energía, demanda sobre el agua disponible y calidad de la misma, sanidad, calidad del aire, bosques, emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros. Este informe es realizado por equipos científicos de las universidades de Yale y Columbia y del Foro Económico Mundial (FEM) de Davos, que se reúne todos los años para el análisis y el estudio de importantes temas que afectan la economía mundial.

El informe de los cinco países que encabezan la lista como países que cuidan el ambiente y sus recursos en 2016 resultaron ser: Finlandia, Islandia, Suecia, Dinamarca y Eslovenia. A nivel de Latinoamérica, los países con mejor calificación, según el EPI, resultaron ser Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Venezuela. Sobre 180 países en la lista, Panamá ostenta un honroso puesto 51, mejorando en 2016 su ubicación anterior, a pesar del escaso interés que muestran en la materia muchas instituciones del Estado y entidades de la sociedad civil. Ellos son responsables de enfrentar los retos y requerimientos de las políticas ambientales de cara a las prioridades que los Estados otorgan a esta trascendental temática y que significan su propio bienestar.

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