El problema político del agente-principal

Hay un fenómeno recurrente en política en que cada cinco años nos quejamos de los gobernantes actuales y acudimos a votar con la esperanza de elegir mejor, para luego quejarnos nuevamente de que los que hemos elegido no representan nuestros intereses. Es tentador pensar que el problema es de personas y que si tan solo elegimos bien la próxima vez, todo irá bien.

Pero el asunto no es de personas. El problema está en que quien sea que acceda al poder responde allí a unos incentivos que lo llevan a la creación de políticas públicas perversas. Aquí es donde entra en aplicación el fenómeno llamado ‘el problema del agente-principal'. Este consiste en que el actor económico en cuyo nombre se ejercen acciones, no siempre tiene información perfecta sobre el carácter moral del agente que debe ejercer dichas acciones, que impactan en aquel. El problema del agente-principal no es exclusivo del sector público, por supuesto. Un caso clásico de estudio en ciencia económica lo es el de la situación de los accionistas en una sociedad por acciones, frente a los administradores de la sociedad. Los accionistas son los verdaderos dueños de la sociedad, pero los administradores están muchas veces en posición de aprovechar la ventaja que tienen como tales, para procurarse beneficios a costa de los accionistas.

Si el accionista de una sociedad percibe que los intereses de los administradores no están debidamente alineados con los suyos, puede en cualquier momento conspirar con otros accionistas para remover a los administradores y nombrar otros mejores, o en caso extremo puede simplemente vender sus acciones y salirse del problema. En cambio, en la representación política no es tan sencillo para los ciudadanos resolver el problema del agente-principal. Podemos cada cinco años votar por otros representantes, pero eso no cambia en lo absoluto la asimetría de información y poder que hay entre ambas partes.

Se agrava el problema en la situación política, también, por el hecho de que a diferencia del caso de la sociedad por acciones, los intereses de los representados tampoco están todos alineados entre sí. Por ejemplo, en una sociedad los intereses de los consumidores de alimentos están en que haya mayores opciones de productos en el mercado, con menores precios, mientras que el interés de los productores agropecuarios está en que los precios sean altos. Los gobernantes saben esto y practican el juego de legislar y dictar políticas públicas diseñadas para hacer creer a cada uno de los sectores o grupos de interés en la sociedad, que el Gobierno los representa a ellos mejor que nadie.

Es en este proceso que surge y se afianza el clientelismo. El político que quiere reelegirse, aún con buenas intenciones, no puede darse el lujo de ignorar las presiones de los grupos de interés. El político clientelista, entonces, es en gran medida resultado del entorno, pues responde a incentivos, y desde el momento en que hay un candidato que prometa beneficios privados para grupos de interés, a costa del erario o del resto de los ciudadanos, los demás candidatos entienden que, si no prometen una locura igual o mayor, se quedarán atrás.

Volviendo al problema del agente-principal, es imposible erradicarlo del todo en la representación política, pero existen mecanismos para minimizarlo. Uno radica en dejar de pretender que todos los problemas de las personas en sociedad deben ser resueltos de manera política. Es precisamente en la medida en que confiamos al Estado la solución de todos nuestros problemas, que los administradores políticos se hacen de más poder con cada vez más discrecionalidad. Y esa discrecionalidad es lo que les permite crear asimetrías de poder e información y aprovecharlas para desviar la nave pública hacia la creación de beneficios privados.

Otro mecanismo es el de la transparencia. En la medida en que las actividades de la Administración Pública sean de libre conocimiento público, incluyendo los trámites administrativos, se hace más difícil para el agente aprovecharse de asimetrías de la información frente a sus principales.

Por último, es esencial un sistema de administración de justicia eficaz, profesional, y con los recursos adecuados para llevar a la justicia a los agentes que en sus funciones violenten derechos de ciudadanos, ya sea para beneficio impropio del funcionario o para servir otros fines. Sin una administración de justicia eficaz, lo demás cae por la borda.

El problema no es de personas, sino de instituciones.

ABOGADO