Con o sin diploma, todos somos jurisconsultos

Cuando alguien declara públicamente ‘No soy abogado, pero…' y expresa su opinión contundente sobre un desenlace legal como ‘debe ser', no hace más que invadir con audacia un campo reservado a especialistas que hayan completado su debida preparación profesional. Esos razonamientos espurios, arropados con aparente seguridad, sobre actividades calificadas como constitucionales o no, trámites judiciales que respeten o no el debido proceso, pruebas o evidencias válidas o no, delitos comprobados o supuestos, licitaciones o concursos manipulados o no, serían aceptables como ejercicios de libre expresión e información.

Tenemos derecho de expresar nuestras opiniones sobre cualquier tema, por jurídico que sea, siempre que sean reflexiones instintivas sin pretender constituir dogma papal. Así formuladas serían aceptables como llamadas de atención sobre temas de interés para la sociedad, pero nadie posee el derecho de confundir a la opinión pública con declaraciones audaces o temerarias. Tal osadía no es característica exclusiva del panameño, porque es propio de la naturaleza humana el inclinarse por opinar sobre cualquier tema, apoyándose en lo que solo su conciencia le indica como lo que sea correcto o incorrecto. Es común que en reuniones sociales o en medios de comunicación escritos o televisivos se brinden opiniones de legos que aboguen o combatan causas opuestas con argumentos legales, que defienden lo que consideran correcto, justo o equitativo, sin conocer lo que expresamente dispongan los textos legales o las interpretaciones judiciales pertinentes.

Frente a esa realidad es nuestra obligación discernir esos juicios personales atribuyéndoles únicamente el peso que amerite la formación y experiencia de quien los brinde. Es curioso que no reaccionamos con igual cautela en relación con el dictamen de un especialista que dictamine la urgencia de una intervención quirúrgica, o la interpretación de un complejo resultado de una prueba de sangre, o las advertencias sobre riesgos del tabaquismo; en ninguno de esos casos osaríamos opinar que ‘No soy médico, pero mi diagnóstico es distinto'. Tampoco somos dados a cuestionar opiniones técnicas de arquitectos estructurales, ingenieros electrónicos, especialistas en logística o en el ciberespacio; todos los respetamos con pleno conocimiento de nuestra propia ignorancia y por el peso de la competencia del experto.

Pero no es lo mismo cuando de leyes se trate. Emitimos o aceptamos opiniones, aunque se lancen sin citar textualmente las leyes pertinentes y, aun citándolas, sin dominar las técnicas y factores que entran en juego en materia de interpretación de textos legales. No resulta apropiado utilizar irreflexivamente conceptos legales tal como aparecen de su simple lectura sin acudir a las acepciones que jueces, jurisconsultos y tratadistas hayan ya adscrito a un concepto jurídico con anterioridad. Es una disciplina profesional eminentemente técnica que requiere años de exigentes estudios del derecho, ignorados por quienes osan opinar ‘a conciencia' como expertos sin créditos académicos adecuados.

De otro lado, no podemos soslayar la responsabilidad de otros factores que alimentan la confusión. Es natural que los abogados expresen opiniones divergentes sobre sus respectivas causas, pero dentro y fuera del gremio abogadil se critica la deficiente calidad y faltas éticas de algunos miembros; el propio Colegio de Abogados denunció que, con cerca de 28 000 asociados, se recibieron 500 quejas en 2017.

También la pobre redacción de leyes, después de discusiones apresuradas e irreflexivas, resulta en textos confusos y ambiguos que se prestan a interpretaciones contradictoras por la utilización de conceptos ambiguos o construcción de sentencias o signos gramaticales inapropiados.

Muchos legos desatinados se sienten capacitados, aún sin diplomas, para interpretar libremente las leyes según los dictados de sus conciencias a su antojo o, lo que resulta todavía peor, según convenga a sus intereses.

EXDIPUTADA