La politización de la acción penal

Sí, el “país decente” –la mayoría del pueblo panameño- albergaba alguna duda sobre la instrumentalización de la Procuraduría General de la Nación para promover una “justicia selectiva” o politización de la acción penal, la conferencia de prensa o “rendición de cuenta”, por más de una hora, realizada la tarde/noche del jueves 29 de noviembre por las fiscales anticorrupción, lo confirma plenamente. Politización de la acción penal que se origina en virtud de la guerra por la repartición del “pastel del Estado” por parte de las fracciones del poder económico y que constituye el trasfondo de la corrupción generalizada en los últimos gobiernos.

Como se sabe en el proceso penal de corte acusatorio la acción penal es responsabilidad exclusiva y excluyente del Ministerio Público y consiste en “perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales y legales” (Artículo 220 de la Constitución Política de la República). “Corresponde al Ministerio Público perseguir los delitos, ejerciendo las acciones derivadas de ellos ante los juzgados y tribunales en que actúan. Para el ejercicio de la persecución penal, el Ministerio Público dirige la investigación de los delitos, practicando u ordenando la ejecución de las diligencias útiles para determinar la existencia del ilícito y los responsables”. (Artículo 68 del Código Procesal Penal).

Pero de las responsabilidades y de los resultados de la “acción penal” del Ministerio Público en contra de la empresa criminal Odebrecht no se dijo nada, sencillamente porque el pasado 21 de agosto se apresuraron a realizar un acuerdo de “colaboración eficaz” que cerró toda posibilidad de sanción contra la empresa y el cual se redujo al pago de algunos millones de dólares en un largo período de tiempo.

Sin embargo, las fiscales anticorrupción en su larga intervención dejaron claro los cuatro propósitos verdaderos de su exposición pública, es decir, responsabilizar al Órgano Judicial por la “caída” de los expedientes instruidos por las fiscales anticorrupción o por lo menos del cambio de las arbitrarias  detenciones provisionales. Confirmar la selectividad de la investigación contra altos personeros y allegados al pasado gobierno. Aseverar que en el quinquenio gubernamental de Juan Carlos Varela, Odebrecht no repartió coimas.

Que altos servidores públicos del período de Martín Torrijos, en la actualidad, están siendo investigados, esto último, con el objeto de chantajear a los líderes del PRD para lograr la aprobación de la agenda legislativa presentada por el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, que incluye la aprobación del nombramiento de dos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Supuestamente, uno de los personeros del PRD investigados, sería su candidato presidencial.

Todo lo demás, expresado por las fiscales anticorrupción, como voceras de Kenia Porcell, fueron paparruchas. ¡Así de sencilla es la cosa!

El autor es abogado y analista político.