Temas Especiales

26 de Nov de 2020

Adolfo E. Linares Franco

Columnistas

Retos del nuevo Gobierno

Este nuevo régimen de neutralidad debe determinar que el garante de esta lo será única y exclusivamente la República de Panamá.

La recuperación del Canal, así como las demás mejoras inamovibles ubicadas en sus zonas adyacentes, producto de la firma de los Tratados Torrijos - Carter, significó para la mayoría de los panameños la culminación de una larga lucha para lograr el perfeccionamiento y la recuperación total de nuestra soberanía. Para otros, dentro de los cuales me incluyo, esta lucha histórica no ha terminado. Sigue inconclusa, y hoy más que ayer requiere retomarse, pues nunca antes nuestra soberanía se ha visto tan amenazada y maltrecha como hoy en día.

El fin del colonialismo rooseveltiano, impuesto a perpetuidad en 1903 al Pueblo panameño por el Tratado Hay - Bunau Varilla, de origen espurio y que ningún panameño firmó, no se dio el 7 de septiembre de 1977. Este fue reemplazado por un colonialismo senatorial con el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá vía las enmiendas, condiciones, reservas y entendimientos introducidos por el Senado estadounidense al ratificarlo de una manera infame, en abierta violación al Derecho Internacional y en contradicción a lo ratificado por el Pueblo panameño en el referéndum celebrado en Panamá el 23 de octubre de 1977. Entiéndase, la versión final del Tratado de Neutralidad no fue la aprobada por el Pueblo panameño en el referéndum y esto tiene que corregirse.

Las modificaciones introducidas por el Senado estadounidense, después de la ratificación panameña, violan flagrantemente nuestra soberanía, independencia política, integridad territorial y jurisdicción, convirtiéndolas, mientras no se eliminen, en la más grande amenaza a nuestra existencia como nación independiente y soberana. Entre estas está la Condición Uno (1), mejor conocida como la Reserva DeConcini, que le otorga a perpetuidad a los Estados Unidos de América, de conformidad con sus procedimientos constitucionales y de manera unilateral, el derecho a intervenir militarmente en todo el territorio nacional, so pretexto de defender el Canal contra cualquier amenaza.

Por su parte, el Entendimiento Dos (2) establece que los Estados Unidos de América podrá tomar cualquier acción unilateral para defender el Canal contra cualquier amenaza, interna o externa, incluyendo el uso de la fuerza militar y ejercer facultades que emanan de la soberanía sobre el territorio ocupado. En otras palabras, convertir a todo el país en una gran Zonal del Canal. Incluso si las interferencias fueren por motivos imputables únicamente a Panamá, como por ejemplo la reciente huelga de los capitanes de remolcadores; o por culpa de terceros Estados.

Semejantes peligros imponen a Panamá el deber de ser acertado, oportuno y firme en su política exterior. Objetivo particular de esa política tiene que ser la abrogación del Tratado de Neutralidad, bien por la vía de la negociación, bien por la vía de su nulidad. Esto no significa, conviene aclarar, desacuerdo con la neutralización del Canal en sí, sino con respecto al Tratado de Neutralidad actual. Una de las metas de política exterior del nuevo Gobierno debe ser el abrir el camino para el establecimiento de un régimen de neutralidad permanente que no vulnere nuestra independencia política, integridad territorial y jurisdicción sobre nuestro territorio, ni que impida a Panamá ejercer plenamente su soberanía sobre nuestro Canal.

Este nuevo régimen de neutralidad debe determinar que el garante de esta lo será única y exclusivamente la República de Panamá. Al ejercer esta función actualmente los Estados Unidos de América, ese mismo hecho hace que el Canal se convierta en blanco ideal para cualquier nación (Siria, Rusia, Corea del Norte) o grupo terrorista que esté en abierta confrontación con el Gobierno estadounidense y estando el Canal en las riberas de las ciudades de Panamá y Colón, las más pobladas del país, y ser su cuenca el reservorio de agua más importante de nuestra cuenta hidrográfica, es obvio y notorio el grave riesgo y peligro que el actual régimen de neutralidad representa no solo para la seguridad de la operación del Canal, sino también para la vida de gran parte de nuestra población, por estar en riesgo la fuente de agua potable más importante de todo el país.

Culmino diciendo que dicho régimen de neutralidad deberá contener las reservas pertinentes que permitan que Panamá, como único soberano del Canal y garante de su neutralidad, pueda cobrarle sobrecostos en los peajes al paso de barcos o mercancías de aquellos países que nos impongan medidas discriminatorias como es el caso de Colombia, o insistan en meternos en listas negras como Francia y la Unión Europea; pues, si bien es cierto Panamá debe comprometerse a garantizar la neutralidad del Canal y el libre paso a todas las naciones del mundo, también debemos dejar claro el derecho que tenemos como Nación de poder utilizar nuestro activo más importante como herramienta de retorsión cada vez que otros países directamente pretender afectar nuestros intereses.

Todo esto, en principio del derecho a la legítima defensa que reconoce el Derecho Internacional a todas las naciones. Como los gringos hacen con su sistema financiero, vía la Lista Clinton y el GAFI y los infiernos fiscales de la Unión Europea utilizan a la OCDE y sus listas negras.

Veremos si los herederos del proceso revolucionario y de Omar Torrijos se atreven a seguirle los pasos a su líder. Sería la mejor forma de hacerle honor a su memoria.

ABOGADO