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09 de Dec de 2019

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Marcos Castillo Pérezopinion@laestrella.com.pa

Columnistas

Justicia a la justicia

“La administración de justicia en Panamá atraviesa por un momento crítico, por lo que la opinión pública estará muy pendiente de la recomendación que haga la comisión evaluadora [...]”

Ciento veintinueve (129) abogados presentaron sus documentos para aspirar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, una comisión especial evaluadora deberá seleccionar una lista corta de 15 que será enviada al Ejecutivo para que este postule y posteriormente la Asamblea ratifique.

Dentro de la larga lista aparecen nombres de aspirantes que por enésima vez se postulan para ese cargo, igual que lo han hecho para otras posiciones en periodos anteriores. Lo novedoso en esta ocasión es la presentación de la candidatura de dos magistrados que actualmente se desempeñan como tales y que buscan un nuevo periodo; Jerónimo Mejía y Abel Augusto Zamorano.

“La reelección de un funcionario siempre genera discusiones; sin embargo, [...], la Cámara de Comercio propuso reformas a la Constitución sobre la escogencia de los magistrados de la (CSJ) [...]”

La reelección de un funcionario siempre genera discusiones; sin embargo, ya en septiembre de 2018, la Cámara de Comercio propuso reformas a la Constitución sobre la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta contemplaba la reforma a los artículos 203, 204, 206, 2014 y 160 de la Constitución y se enfocaba en la escogencia de los magistrados, debido a que “el centro de toda democracia es la justicia, por tanto, habría que iniciar por la reformulación en nuestro país del sistema judicial, a fin de revisar las bases de nuestro estado de derecho”, los empresarios panameños consideran necesaria la extensión del periodo de 10 a 20 años, una edad mínima de 35 a 45 años y de 10 a 15 años de experiencia previa.

En su momento los voceros de la Cámara sustentaron su propuesta en la necesidad de alejar la administración de justicia de los vaivenes políticos. En ese contexto las aspiraciones de los magistrados Mejía y Zamorano podrían considerarse consecuentes con la propuesta del más importante gremio empresarial del país.

La administración de justicia en Panamá atraviesa por un momento crítico, por lo que la opinión pública estará muy pendiente de la recomendación que haga la comisión evaluadora que, dicho sea de paso, elaboró un cuestionario de quince preguntas para los aspirantes, con el fin de determinar sus competencias para el puesto. Sin duda alguna que quien haya ejercido o esté en ejercicio del cargo tiene la ventaja de conocer tanto las debilidades como las fortalezas del sistema.

¿Pero qué posibilidades tendrían ambos magistrados a la hora de buscar una reelección, teniendo en cuenta que deben pasar por el tamiz de la Asamblea Nacional? El magistrado Mejía se dio a conocer mediáticamente luego de presidir la fase inicial del juicio que por espionaje telefónico se realizó contra el expresidente Ricardo Martinelli, proceso donde mostró un excelente dominio del sistema penal acusatorio, de ser seleccionado, sus posibilidades para ser reelecto dependerían de una negociación política en la Asamblea, donde de seguro se encuentre la oposición de los diputados aliados del expresidente, lo que complicaría una eventual ratificación.

El magistrado Abel Zamorano tendría mayores opciones de ser reelecto, dado que fue designado magistrado suplente en 2010, pero ejerció como principal a partir de 2015, tras la separación del entonces titular, Alejandro Moncada Luna. No fue sino hasta casi el final de su mandato cuando el presidente, Juan Carlos Varela, sometió su ratificación ante la Asamblea Legislativa, donde diputados de todas las bancadas le dieron el voto favorable.

Zamorano también contó con el respaldo de las más importantes centrales de trabajadores del país, entre ellas; la CNT, Convergencia Sindical, Conusi, Fenasep y CTRP, quienes solicitaron su ratificación, al considerar que su desempeñó por más de veinte años como funcionario de carrera dentro del Órgano Judicial, fortalecería la administración de justicia, al tiempo que destacaron su experiencia en la judicatura su capacidad prístina, solvencia moral y transparencia.

Según un informe de gestión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, cuando el magistrado Abel Zamorano se encargó de su despacho en octubre de 2014 encontró un total de 1737 casos pendientes. A partir de esa fecha hasta enero de 2015 ingresaron 929 más y tramitó en ese periodo 1696. Una ejecutoria a destacar, considerando la crónica mora judicial que insistentemente se les achaca a los magistrados.

“Queda pendiente la selección que haga la comisión evaluadora para que el presidente [...] Cortizo pueda ponderar las variables que encuentre a la hora de escoger a los magistrados que deban llenar las vacantes [...]”

Zamorano también goza de muy buena reputación como académico, es profesor titular en la Universidad de Panamá, puesto ganado por concurso y dicta desde hace veinticinco años las cátedras de Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, Derecho Probatorio y Práctica Forense. También ha dictado cátedras en las universidades Latina e Interamericana, así como en la Universidad Complutense de Madrid, España, como profesor invitado.

Queda pendiente la selección que haga la comisión evaluadora para que el presidente Laurentino “Nito” Cortizo pueda ponderar las variables que encuentre a la hora de escoger a los magistrados que deban llenar las vacantes que se darán al término del periodo de los propios magistrados que aspiran a un nuevo ciclo.

Expresidente del Colegio de Periodistas.