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12 de Nov de 2019

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La 'Ley Correa': pretende poner orden en el transporte público

“Los encargados de la reglamentación de la ley no se deben prestar para que las personas que han venido lucrando con el transporte en todas sus formas hagan, con sus influencias, inoperante este gran esfuerzo que la comunidad entera respalda”

El transporte público constituye, desde hace muchos años, un descomunal desorden y una fuente de gran corrupción que ha estado beneficiando a unos pocos políticos que parecen intocables.

La diputada Mayín Correa, que en su vida pública siempre le ha servido al país con patriotismo y ha dejado huellas claras de su gran capacidad administrativa y de su honestidad en todos los cargos públicos que ha ocupado, ahora, como diputada, ha presentado un proyecto de ley que pone orden al desorden que viene existiendo en el transporte público. Algunos se burlan de ella por su edad. Unos pocos afortunadamente podrán llegar a esa edad (84 años). Ojalá tengan la energía, el patriotismo y la valentía, además, el deseo de servirle al país, como ella lo ha venido demostrando.

En su explicación de motivos la diputada Correa ha manifestado que:

“En materia de transporte, se entiende por concesión el derecho otorgado por el Estado en favor de una persona natural o jurídica, para prestar un servicio público, en sus diversas modalidades, dentro de una ruta o zona de trabajo.

En el año 1968, el general Omar Torrijos Herrera, para crear fuentes de trabajo, dio “cupo gratis” para el que quisiera dedicarse al transporte selectivo, siempre y cuando cumpliera con todos los requisitos de responsabilidad y capacidad para conducir.

Mediante Ley 14 de 1993, se estableció que el transporte terrestre de pasajeros es un servicio público, cuya prestación estaría a cargo de personas naturales o jurídicas, inspirado en el bienestar social y el interés público.

Agregando que con el pasar de los tiempos, se ha creado un sistema de intermediación en el otorgamiento de cupos que no permite que llegue a manos de humildes conductores de transporte selectivo, los cuales son vendidos por debajo de la mesa, a precios exorbitantes. La ley es clara al determinar que la Autoridad concederá gratuitamente los certificados de operaciones o cupos: no tienen un valor. El Estado solo recauda B/.10.50 como pago de los mismos en la Autoridad de Transporte y Tránsito Terrestre, pero los demás agentes que forman parte del gran negocio del transporte, especulan, llegando a pagar B/.30 000.00 y más, por un certificado de operación o cupo, a concesionarios y prestatarias del transporte.

Y terminó diciendo la diputada Correa, que es por ellos que se hace necesario que el Estado recupere la soberanía de la entrega de certificados de operación o los mal llamados cupos de transporte selectivo, y ponga un alto a que un grupo lucre, con las necesidades del conductor panameño, que en la actualidad estos cupos son el centro de una enorme controversia que coloca el tema fuera de la legislación.

Los transportistas reclaman para que finalice el abuso que existe en la entrega de certificados de operación o cupos”.

Por estos abusos y el gran negocio que, para unos pocos, representan los “cupos” este proyecto debe convertirse en ley de la República y ponerle así fin a la sana intención que tuvo Omar Torrijos de darle oportunidad de trabajo, sin costo alguno, a muchos panameños con capacidad y sin empleo y que fue, con el tiempo, llegando a convertirse en lo que es hoy día: un gran negociado.

Es de esperar que este proyecto de ley sea aprobado y el mismo llegue a permitir, como el usuario exige, el establecimiento del taxímetro, lo cual evitaría que el conductor cobre la tarifa que le venga en gana; que la vestimenta sea la adecuada; se acabe el “no voy” y que los taxis sean selectivos.

Los encargados de la reglamentación de la ley no se deben prestar para que las personas que han venido lucrando con el transporte en todas sus formas hagan, con sus influencias, inoperante este gran esfuerzo que la comunidad entera respalda.

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