La verdad del primer año de gobierno

José Raúl Mulino se declaró un gobierno empresarial, por tanto, el único sector considerado en la toma de decisiones son los empresarios, en especial la oligarquía financiera y sectores vinculados a la minería. El odio a los pobres ha sido manifiesto, el pueblo humilde y trabajador es atacado permanentemente. El balance real de su primer año de gestión así lo demuestra.

Doce meses de violencia institucional, persecución, represión, judicialización, criminalización de las protestas sociales, encarcelamientos, cercenamiento de los derechos fundamentales. La Constitución, leyes, convenios internacionales han sido ignorados; se han desmantelado las garantías democráticas, el Estado de derecho. Un año de gestión marcado por el entreguismo, la venta de la patria (memorándum de entendimiento con Estados Unidos que le permite revisar la presencia militar en nuestro país, y acatamiento de sus órdenes económicas).

La mayor muestra del Estado policiaco que se ha instaurado es el caso de Bocas del Toro, sin negar la ola represiva desatada contra las comunidades en Darién (Arimae, Emberá Puru, Metetí y otras comunidades). En el caso de Bocas los estamentos de seguridad impusieron la barbarie: estado de sitio, negación de garantías, incomunicación, numerosos heridos, torturados, golpeados, ciudadanos arrebatados de sus casas con paradero desconocido, mujeres ultrajadas, donde se ha denunciado al menos siete desaparecidos y algunos fallecidos (una menor de edad fallecida por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos). A pesar de ello, un pueblo digno que no se rindió y que hizo de la llamada operación Omega un fracaso.

En su primer año de gestión no puede presentar proyectos socioeconómicos a favor de la población. No hay empleo digno y salario justo, aumenta la informalidad laboral, pero atacan los pequeños negocios de las familias; las escuelas siguen sin reparar, pero Meduca ha sido cuestionada por contratos de internet y almuerzos escolares; hospitales sin insumos ni personal, pero Minsa y Caja imponen la Ley 462 para favorecer a empresas que venden a alto costo los medicamentos e insumos y al sector financiero (banca, administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras) al entregar los fondos de la CSS para la especulación. No hay agua o está contaminada, pero hacen negocio con la venta de aguas embotelladas y carros cisterna. No hay luz, pero solo resuelven en la casa del presi. Sin vivienda digna ni hábitat saludable; calles sin reparar. Los precios de alimentos y servicios básicos al alza dada la estructura oligopólica del mercado, contrayendo el poder adquisitivo de los salarios. El “chenchén” prometido en elecciones no llegó, puesto que lo que se agrava es desempleo, la informalidad, la pobreza y el estancamiento económico.

La deuda aumenta, el déficit fiscal continúa, la evasión de impuesto por parte de los empresarios no se atiende; es decir, la corrupción e impunidad siguen, pero ha dado salida a ladrones de cuello blanco que ya han sido juzgados y condenados. El presupuesto sigue dando prioridad a los gastos innecesarios, al aumento de recursos en embajadas de familiares y socios, mientras se despiden a humildes funcionarios públicos, no les pagan sus salarios (ver caso Minsa); ha priorizado la compra millonaria de equipos para la represión de la población.

A 12 meses le ha declarado la guerra al pueblo humilde y trabajador, a las organizaciones sociales. Ello lo lleva a ser un gobierno con el menor grado de aceptación en la historia republicana de Panamá en su primer año de gestión. Sin dudas, un gobierno que se sostiene apenas por un puñado de empresarios de ultraderecha, por la fuerza de un ejército disfrazado de policía, a todas luces inconstitucional, y por los medios hegemónicos de comunicación.

Llamamos al pueblo a seguir la lucha en defensa de todos los derechos humanos, contra la Ley 462, la minería, los embalses de Río Indio y el memorándum de entendimiento. A luchar contra la satanización que hace el poder económico y el gobierno contra las organizaciones sindicales, de educadores, indígenas, comunitarias, estudiantiles, padres de familias. Sin luchas, no hay victorias.