Violencia... Una opinión

La violencia es un acto repudiable, indistintamente de cuál sea su forma de expresión, por lo general, el concepto implica el uso de la fuerza, física o moral, para lograr un fin determinado. Por ser contrario a razón y a Derecho, es inadmisible e injustificable; la razón es el recurso por excelencia, que debe primar en el contexto de la vida en sociedades organizadas, reguladas estas por medio de leyes. La administración de justicia tiene, como propósito fundamental, mantener el equilibrio, cuando uno o más vulneran bienes o valores cuya custodia corresponde garantizar al Estado. Pero habitualmente nos enfocamos en sus expresiones superficiales, lo que impide reconocer las causas reales, que interactúan en el fondo, de manera silenciosa, alejadas del escrutinio público; pasando así desapercibidas.

Las protestas, con ollas, pailas y altavoces usados por los manifestantes, desde luego que afectan el libre tránsito y alteran el orden público, pero estas no surgen por generación espontánea ni responden a agendas ocultas; obedecen a factores desencadenantes. Antes de aprobar la reforma tendiente a financiar la educación superior privada, con nuestros impuestos, en detrimento de las universidades públicas, hubo una reunión entre un grupo de honorables e interesados en obtener ventajas. ¿Podría alguien calificar de noble y bien intencionado el atentado al derecho a la educación superior de una juventud, hoy, sumida en la incertidumbre por la falta de trabajo justamente remunerado? ¿Quién supo antes de esta criminal confabulación, qué medio de comunicación la dio a conocer o posteriormente dio detalles? ¿No es acaso censurable sustraer fondos públicos para destinarlos a empresas privadas que lucran con la educación?, que no rechazamos. Lo repudiable es el objetivo y el procedimiento; ¡diputados, cuyo deber es actuar en interés de la nación!, a quienes, además, la Ley no los faculta para gestionar negocios con empresas públicas ni privadas. ¿Ignorarían que semejante “reforma” habría aumentado la desigualdad? Por fortuna, la protesta universitaria los puso en evidencia e impidió que favorecieran los intereses que comparten con el poder económico. ¿Quién podría asegurar que para otras reformas no actuarán con igual vileza, confabulados con el poder económico y en perjuicio de los genuinos intereses y necesidades del pueblo, al cual aseguran representar?

La violencia más cruel y de mayor impacto social es la corrupción institucionalizada o mafiocracia, porque se trasluce la impronta de la administración de justicia, de las grandes corporaciones financieras y empresariales, así como de las “IFIs”. Sin embargo, ¿en qué instancia se debatió el tema o cuál de las reformas propuso correctivos sustanciales? ¿Qué medidas ha tomado la actual administración?

De un lado la corrupción institucional, ejecutada por los propios diputados, que con el consentimiento tácito del Órgano Ejecutivo, que elaboró y presentó los presupuestos, y de la Contraloría, que incumplió su deber de cuidado, despilfarraron centenas de millones de dólares, cuyo destino jamás les interesó aclarar y mucho menos reintegrar al fisco. ¿Qué autoridad moral tiene esa institución para sanear la cosa pública? Además, las cesiones, concesiones, contrataciones directas y adendas sobre adendas de los innumerables megaproyectos, que les permitieron desaparecer varias centenas de miles de millones de dólares, ”legalmente” sustraídos del fisco, acto abominable, bochornoso e irrefutablemente violento, para los cuales, por lo que se percibe, prevalecerá la ley del silencio o lo que es lo mismo, el encubrimiento y la complicidad.

¿Alguien podría decir si los funcionarios que ejecutaron tal infamia actuaron solos, excluyendo empresarios, banqueros, abogados, asesores financieros, etc.? ¿Alguno de tales beneficiarios de la danza de millones fue denunciado, investigado y sancionado o sus bienes secuestrados y reintegrados al fisco? Porque el saqueo programado, producto de la asociación ilícita para delinquir, es la forma más miserable, degradante y devastadora, de violencia, verdadero crimen de lesa humanidad, dado que afecta directamente al resto de la población; aunque con mayor rigor, a las clases desposeídas, porque lo que traducen los recortes al “gasto” social, en el presupuesto, sistemáticamente, es mayor número de muertes en el sector más vulnerable de la población, los menores de cinco años, a causa de hambre y de enfermedades prevenibles; más menores excluidos del deficitario sistema educativo, y más población sin acceso al igualmente deficitario sistema de salud; mayor déficit habitacional e incremento de la vulnerabilidad social.

En consecuencia, la coherencia exige revisar el trasfondo; a pesar de nuestra privilegiada posición geográfica, con el Canal interoceánico al servicio del comercio mundial, que genera grandes ingresos en concepto de peajes, somos uno de los países con mayor desigualdad, porque la mafiocracia asegura el desvío sistemático de los mismos, a favor del poder económico, que controla al poder político, mientras al pueblo le sueltan migajas en forma de subsidios o lo distraen con operas bufas, como la recién escenificada.

Busquemos en las desigualdades, en las secuelas que traduce la concentración de la riqueza colectiva en manos de pocos, las causas de las protestas, producto del hartazgo de la ciudadanía, frente al abuso y al cinismo. Pero admitamos, de igual manera, que de no actuar con sensatez, examinando lo que está bajo la superficie, sin descalificaciones, soberbia, triunfalismos ni amenazas, el curso de los acontecimientos, en el futuro inmediato, podría traducirse en consecuencias indeseables.

La única vía pacífica, genuinamente democrática, participativa y que, sobre todo, le confiere legitimidad al poder público es la Constituyente originaria; único diálogo nacional verdadero que hacemos o seguimos consintiendo la profundización de la violencia, hasta aquí garantizada por la corrupción institucionalizada, la impunidad y la demagogia.

¿Usted qué opina?