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- 03/12/2019 00:00
Por un proceso constituyente con justicia social
Las movilizaciones que iniciaron el 22 de octubre en contra de las reformas constitucionales abrieron las puertas a un escenario en la. búsqueda del Panamá que queremos. Las movilizaciones iniciaron con una enorme marcha convocada por la Universidad de Panamá en horas de la mañana y luego el Consejo Nacional de Delegados de Conato, en horas de la tarde, realiza una manifestación cuya exigencia es el retiro del proyecto de reformas constitucionales de la Asamblea Nacional.
El 29 de octubre la Asamblea de Acción Ciudadana convoca a una concentración frente a la Asamblea Nacional en la que participaron cientos de jóvenes con la misma consigna. La concentración es reprimida con gases pimienta y detienen a medio centenar de jóvenes. Sin embargo, las manifestaciones fueron repetidas y resistidas los días subsiguientes.
La indignación de los jóvenes y la población es producto de la situación socioeconómica y política en la cual viven miles de panameñas y panameños y que la expone como una radiografía el economista Elpidio González de Masa Crítica cuando nos dice: “Panamá es el tercer país más desigual de la región. Está entre los diez más desiguales del mundo. Tiene 848 314 personas que viven bajo la línea de pobreza general (4 dólares y 80 centavos diarios), y 401 617 personas bajo la línea de pobreza extrema (2 dólares con 30 centavos diarios). Esto no es todo, además está la manera despiadada y cruel como se han devastado 13 600 hectáreas en Donoso, provincia de Colón, para que las mineras se lleven todo de esas 13 600 hectáreas.
A nivel del campo, nos señala el licenciado González que el 48 % de las explotaciones agrícolas tiene menos de una hectárea y el 0,1 % de las explotaciones tiene 500 hectáreas”. Además nos indica que en el año 2018 el 63 %, o sea, 63 personas de cada cien, está desempleado y son personas entre los 20 y 40 años.
En el 2014 el monto pagado al fisco nacional en lo relativo a los tributos fue de B/8822 millones, de los cuales las y los trabajadores pagaron la suma B/7328 millones, o sea, el 83,1 %; mientras que los empresarios solo pagaron B/1495 millones, lo que representa el 16,9 %. Son las y los trabajadores quienes ganan menos y pagan más. He allí la injusticia e inequidad existente en el país.
Las cifras antes planteadas por los economistas Elpidio González y Augusto García retratan la situación que atraviesan miles de panameñas y panameños. ¿Cómo puede una familia sobrevivir con B/4.80 o B/2.30 diarios? La desnutrición existente que lleva varias muertes, tenemos que llamarla por su nombre, estos niños murieron de hambre.
En un país donde ha habido un crecimiento económico hasta del 10 % no hay ninguna justificación para que haya estos niveles de desnutrición y que niños mueran de hambre. Vergüenza les debería dar a quienes han gobernado y gobiernan, que el mundo sepa los niveles en los cuales se encuentran miles de familias panameñas.
Pese a la situación que se vive, la población aún abriga la esperanza de que se genere una constitución que ponga un alto a las exageradas ganancias, que atienda a los pobres, que ponga un alto a la corrupción y que se reestructure un país con mayor equidad.
El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), ha presentado una encuesta que contribuye de manea positiva para que los gobernantes puedan orientarse mediante la escucha de la voz del pueblo panameño, la cual ha expresado sus necesidades y ha establecido por dónde debe ser dirigida la política de Panamá.
La encuesta Cieps nos dice que “la gran mayoría de la población quiere que la Constitución cambie, el 88,2 % de las personas entrevistadas así lo indica. Asimismo, establece como la primera necesidad de la gente que la Constitución defienda a los pobres. Además, la encuesta corrobora la poca confianza y credibilidad que la ciudadanía tiene a la Asamblea Nacional, al Órgano Ejecutivo, al Órgano Judicial, la Concertación Nacional y los gremios empresariales; y, también nos indica que las personas encuestadas desean que el pueblo sea quien lidere el proceso de las reformas constitucionales, representando el 55,3 %.
Consideramos que debe haber un proceso constituyente con la participación efectiva de toda la población, para lograr una constitución democrática, soberana, legítima, que garantice los derechos humanos y que guíe el país de manera transparente y con justicia social.