Escuchemos el clamor de los más pobres

El reciente mensaje del Papa León XIV durante la Jornada Mundial de los Pobres -un llamado a escuchar el clamor de quienes sufren y a promover políticas basadas en la justicia- ofrece un marco moral oportuno para analizar la situación de la pobreza en Panamá.

Su exhortación a construir una “cultura de la atención” resuena especialmente cuando se observan las desigualdades persistentes que afectan a comunidades enteras, sobre todo en las comarcas indígenas y entre la población infantil.

En Panamá, las estadísticas muestran que la pobreza multidimensional ha disminuido ligeramente en los últimos años, pero aún aqueja de manera desproporcionada a regiones como Guna Yala y Ngäbe-Buglé, donde las privaciones relacionadas con vivienda, agua potable y saneamiento son especialmente severas. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de pobreza multidimensional, aunque la intensidad de estas privaciones ha bajado levemente. A nivel territorial, los corregimientos rurales y comarcales exhiben los mayores rezagos, lo que pone de relieve que la pobreza no es solo un problema de ingresos, sino una suma de carencias vinculadas a derechos básicos y oportunidades de desarrollo.

Estas realidades evidencian la urgencia de diseñar políticas focalizadas que atiendan las desigualdades estructurales, pues los avances siguen siendo insuficientes frente a la profundidad y la persistencia de las brechas territoriales y sociales.

Superar este desafío es posible, pero implica un cambio profundo en cómo el país define su modelo de desarrollo. Panamá ha sido una de las economías de mayor crecimiento en la región durante décadas, pero dicho crecimiento no ha sido suficientemente inclusivo ni balanceado entre territorios. Mientras las zonas urbanas y los polos económicos del país concentran la inversión y las mayores oportunidades, las áreas rurales y las comarcas indígenas permanecen prácticamente desconectadas de los beneficios del desarrollo.

El primer paso necesario para erradicar la pobreza, es adoptar plenamente el enfoque de pobreza multidimensional. El ingreso monetario es un indicador insuficiente cuando los hogares carecen de servicios básicos, acceso a salud, educación de calidad, empleo formal, vivienda adecuada o infraestructura que integre sus territorios. El Índice de Pobreza Multidimensional de Panamá (IPM-P), permite una comprensión más integral del problema y orienta mejor las intervenciones públicas. Sin embargo, para que este instrumento tenga impacto real, debe ser incorporado como eje obligatorio de la planificación nacional, de la asignación presupuestaria y de la evaluación institucional. Mientras el IPM sea solo una herramienta técnica aislada, su capacidad de transformar políticas seguirá siendo limitada.

El segundo eje es territorializar la inversión social. Las comarcas y territorios rurales necesitan un trato preferencial durante al menos una década mediante un “Plan País de Igualdad Territorial” con metas claras, financiamiento asegurado y una gobernanza coherente. Esto exige intervenciones integrales que combinen infraestructura básica (agua, saneamiento, caminos, electrificación y conectividad digital), fortalecimiento del capital humano (salud primaria efectiva, escuelas completas y formación técnica), y estrategias de desarrollo productivo sostenible adaptadas a cada región.

Un tercer componente indispensable es transformar la economía laboral. El país arrastra niveles altos de informalidad, baja productividad en sectores clave y una desconexión persistente entre el sistema educativo y las necesidades del mercado de trabajo. Superar esto requiere políticas intensivas de formación técnica, reconversión laboral y apoyo a jóvenes y mujeres. También demanda incentivos más inteligentes para la formalización, así como el desarrollo de sectores productivos emergentes en zonas de alta pobreza, desde agricultura sostenible y turismo comunitario hasta actividades creativas y digitales. Erradicar la pobreza implica construir empleos dignos y estables, no depender de programas asistenciales permanentes.

Un cuarto eje es la modernización del sistema de protección social. Aunque los programas sociales han generado alivio, continúan funcionando de forma fragmentada, con débil coordinación y escasa evaluación. Un sistema renovado debe integrar beneficios, unificar registros e interoperar datos para orientar mejor las intervenciones. Las transferencias condicionadas y no condicionadas deben articularse con estrategias de desarrollo local que permitan a los hogares avanzar en rutas claras de salida de la pobreza.

El quinto elemento es fortalecer la gobernanza. Ninguna estrategia será efectiva sin instituciones capaces de coordinar, supervisar, rendir cuentas y sostener las políticas en el tiempo. Es indispensable un Consejo Nacional de Desarrollo Humano y Reducción de la Pobreza que incluya al Estado, municipios, comunidades, academia y sector privado. A su vez, la descentralización fiscal debe volverse real, otorgando a los gobiernos locales los recursos y capacidades necesarias para atender las demandas de sus territorios. Sin un Estado profesional y transparente, incluso los mejores planes terminan debilitados por la burocracia y el clientelismo.

Finalmente, erradicar la pobreza requiere un pacto social explícito. Panamá debe asumir que la desigualdad amenaza la cohesión social, la estabilidad democrática y su competitividad internacional. Superar la pobreza es una obligación ética, pero también un proyecto nacional que puede posicionar al país como referente regional. Con voluntad política, una gobernanza sólida y un compromiso sostenido con la inversión social inteligente, erradicar la pobreza no solo es posible: es urgente y alcanzable.