Panamá evalúa exonerar redes biodegradables para frenar redes fantasma

Panamá busca facilitar la adopción de redes de pesca biodegradables mediante una exoneración o reducción arancelaria que abarate su adquisición por parte de la flota nacional y las cooperativas de pescadores. La propuesta fue explicada a este medio por el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP), Eduardo Carrasquilla, quien forma parte de la estrategia para reducir la cantidad de redes fantasma o ghost fishing que dañan ecosistemas marinos y afectan la productividad pesquera.

Carrasquilla explicó que las redes de polietileno son las más usadas en Panamá por su bajo costo, pero reconoció que las alternativas biodegradables —ya utilizadas en Europa— tienen un precio que dificulta su penetración en mercados con menor poder adquisitivo.

Por ello, la ARAP coordina con el Ministerio de Comercio e Industrias y la Autoridad Nacional de Aduanas la búsqueda de mecanismos arancelarios que permitan una partida preferencial o la exoneración temporal para estas redes.

Según Carrasquilla, la idea es que una rebaja arancelaria haga más accesible el arte de pesca biodegradable a los pescadores nacionales y empresas, reduciendo así la dependencia del polietileno. El funcionario indicó que se está evaluando la fórmula legal y administrativa para instrumentar esa medida en el corto plazo, buscando no solo incentivar la compra, sino también mantener la competitividad del sector pesquero.

La experiencia internacional muestra que el cambio hacia redes biodegradables puede reducir el problema de la pesca fantasma —cuando redes abandonadas siguen capturando vida marina—, aunque el desafío técnico y económico aún persiste. La FAO y el PNUMA advierten que los artes de pesca sintéticos son especialmente persistentes en el medio marino y que las soluciones deben combinar diseño, gestión y políticas públicas.

En Panamá, las redes de pesca de materiales sintéticos como el polietileno y el polipropileno enfrentan aranceles de importación que pueden llegar hasta 15 %, según el Arancel Nacional de Importación. Estas tasas aplican a varias subpartidas relacionadas con redes para pesca artesanal e industrial.

A nivel internacional, particularmente en Europa, las redes biodegradables se encuentran en plena fase de desarrollo y adopción. Proyectos como INdIGO y estudios impulsados por la Comisión Europea destacan que estos materiales, aunque efectivos para reducir la contaminación marina, aún presentan costos de producción más elevados y desafíos en cuanto a durabilidad.

En el mercado global, proveedores especializados ofrecen redes biodegradables con precios que oscilan entre $2 y $3 por kilogramo, dependiendo del tipo de filamento y la tecnología aplicada, lo que las hace más costosas que las redes sintéticas tradicionales.

El reemplazo de redes de polietileno por alternativas biodegradables supone un impacto económico significativo para el sector pesquero.

Las redes fantasmas representan un riesgo ecológico y económico, ya que las de polietileno abandonadas en el mar continúan “pescando” especies, dañan hábitats y generan pérdidas en recursos y embarcaciones. La adopción de materiales biodegradables que se degradan más rápido en el medio marino puede mitigar el tiempo de impacto de los equipos perdidos. Diversos estudios y análisis de políticas recomiendan complementar estas tecnologías con programas de recolección y reciclaje de redes.

No obstante, informes técnicos y evaluaciones de diseño señalan que la durabilidad y el rendimiento de las redes biodegradables varían según la formulación y las condiciones de uso; garantizar que cumplan con la eficiencia pesquera sin degradarse prematuramente es un reto técnico que debe resolverse en paralelo a cualquier subsidio o exoneración. El Banco Mundial y estudios recientes subrayan estos desafíos: la degradación en mar abierto puede depender de temperatura, salinidad y otros factores, por lo que la selección del material y pruebas de campo son cruciales.

Varios análisis económicos muestran que la transición tiene un costo inicial significativo. Estudios de caso en Europa estiman que la implementación de redes biodegradables puede elevar los costos de operación, aunque los beneficios a mediano y largo plazo —menores pérdidas por ghost fishing, reducción de impactos en la biodiversidad y menor gasto en limpieza— pueden compensar parte de la inversión. Un artículo técnico estima que los costos de implementar Biodegradable Fishing Gear pueden ser altos, aunque los resultados varían según la eficacia y la comparación con equipos tradicionales.

Por su parte, organismos como la Organización Marítima Internacional y estudios sobre reciclaje y gestión de artes de pesca destacan la importancia de integrar cadena de valor circular: recolección, tratamientos de reciclaje mecánico o térmico y alternativas de disposición que agreguen valor a los materiales recuperados. Esto reduce el volumen final de desechos y crea incentivos económicos locales.

Según la hoja de ruta expuesta por Carrasquilla, las medidas iniciales que estudian incluyen:

En abril pasado, ARAP, Cemex y Audubon Americas informaron que mantienen una alianza para enfrentar el problema de las redes fantasma en el país. A través de Regenera —el negocio de gestión de residuos de Cemex— las redes de pesca retiradas del mar son procesadas como combustible alterno en hornos cementeros, convirtiéndose en una solución circular que reduce desechos, emisiones y dependencia de materiales vírgenes.

Según la ARAP, en los últimos cuatro años se han recuperado más de seis toneladas de redes y plásticos en aguas panameñas, lo que mejora los hábitats marinos y reduce el riesgo para especies como peces, tortugas y tiburones. Esta iniciativa también contribuye a la protección de ecosistemas costeros clave y refuerza el compromiso de Panamá, primer país de la región en sumarse a la iniciativa global de la ONU contra las redes fantasma.

Especialistas consultados por esta redacción recomiendan que cualquier exoneración vaya acompañada de pruebas técnicas, seguimiento y evaluación de impacto, para evitar que equipos de menor durabilidad terminen generando abandonos prematuros o costos operativos más altos para los pescadores. Además, la política pública debe incluir mecanismos de reciclaje y recolección que aseguren la efectividad ambiental de la inversión.

Para Carrasquilla, la medida no solo es ambiental sino también económica: reducir las redes fantasma protege hábitats, mejora rendimientos de pesca y fortalece la reputación de Panamá en mercados internacionales exigentes en sostenibilidad. La exoneración arancelaria, en ese marco, sería una palanca para acelerar la adopción tecnológica y fomentar una transición justa para los pescadores.