Sistema de pensiones para todos en Panamá

El actual director de la Caja de Seguro Social (CSS) asegura que su administración está elaborando un informe sobre la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual le permitirá tomar la mejor decisión en torno al sistema de pensiones de la CSS. Confío en que el nuevo director cumpla con esta promesa y nos proporcione lo antes posible la esperada información veraz sobre el estado de las finanzas de la CSS y, claro está, cuál es su propuesta.

Sobre estas declaraciones del director, yo tengo al menos tres reflexiones. La primera es que todos en Panamá, legos y expertos, sabemos que existen claros riesgos para el sistema de pensiones de la CSS. Que, a partir del próximo año, la institución entrará en déficit de caja, y que, para el 2025 ya no habría ni un centavo para pagar las pensiones nuevas del Sistema Solidario de pensiones. Por eso, tan importante es saber ¿qué va a proponerse para garantizar la continuidad del sistema de pensiones de la CSS? Y esa es mi segunda reflexión.

Los panameños queremos que el sistema de pensiones nos asegure una pensión suficiente para vivir de forma digna y cómoda al jubilarnos. Pero, al margen de las consideraciones políticas, de clase social o ingreso económico que son harto conocidas, hay que pensar en términos de edad de la mayoría de los panameños que están trabajando. Entonces, para definir cuál es el sistema que queremos, la primera tarea del director, debe ser preguntarles a nuestros trabajadores (no jubilados y menores de 60 años) ¿cuál es el sistema de pensiones que quieren? Estamos dando por sentado que todos en Panamá preferimos el fondo público y que todos abrazamos el principio de la solidaridad entre generaciones, y entre ricos y pobres. Puede que no sea el caso y las nuevas generaciones, sin dejar de ser solidarios, piensen diferente en cuanto a la mejor opción de sistema de pensiones para todos.

Para complementar la respuesta a la pregunta previa, aprovecho la reciente publicación de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, dedicada a las nuevas tendencias en las reformas de los sistemas de pensiones en América Latina. Allí la Cepal subraya que, para tomar la mejor decisión sobre el sistema de pensiones que queremos, debemos comenzar llevando a cabo una evaluación que le dé respuesta al menos a tres preguntas.

¿Cuál es la cobertura del sistema de pensiones? La dimensión de cantidad se refiere a la cobertura de personas activas (proporción de la población en edad de trabajar que cotiza en el sistema de pensiones) y de personas pasivas (proporción de los mayores de 65 años con alguna prestación del sistema de pensiones). La dimensión de calidad de la cobertura de las personas activas, en general, se determina por la densidad de cotizaciones (proporción de la vida laboral en que se realizan cotizaciones); ¿son suficientes los beneficios del sistema de pensiones? La comparación agregada más común consiste en comparar los beneficios promedio del sistema de pensiones con la línea de extrema pobreza, la línea de pobreza, el salario mínimo y el ingreso per cápita. El análisis de la calidad de los beneficios a nivel individual se efectúa comparando el nivel de las pensiones con el de los ingresos previos al retiro de los trabajadores y con ello se calculan las tasas de reemplazo del sistema de pensiones y; ¿a qué costo se alcanzan la cobertura y los beneficios entregados? Es necesario evaluar si el sistema de pensiones es sostenible desde el punto de vista financiero, por ejemplo, si los aportes públicos como porcentaje del producto interno bruto son apropiados en relación con otras necesidades económicas y sociales. Un tema obligado será el debate sobre si se deroga o modifica la Ley 51.

El objetivo final debe ser construir un sistema de pensiones en equilibrio, es decir, que proporcione una cobertura adecuada, beneficios suficientes y que sea financieramente sostenible. Si esto no fuera posible, entonces deberán el director y su Junta Directiva proponernos las modificaciones o reformas necesarias a los estándares relativos a la cobertura o la suficiencia de los beneficios o el financiamiento. En todo caso, cualquier reforma tendrá un costo social y político que pagar, y el momento es ahora cuando acaban de llegar y no se está pensando en las próximas elecciones.

Mi última reflexión es que este es un asunto que deberemos debatir todos los panameños y no solo el director y su Junta Directiva. ¡Esperemos la convocatoria!