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24 de Sep de 2020

Zuleika de Herbert

Columnistas

Intervención social en proyectos de obras de infraestructura

La intervención social es una acción programada a corto, mediano o largo plazo, justificada desde un marco legal, social y teórico que busca lograr cambios positivos sobre personas y colectivos, trabajando con ellos desde sus realidades.

La intervención social es una acción programada a corto, mediano o largo plazo, justificada desde un marco legal, social y teórico que busca lograr cambios positivos sobre personas y colectivos, trabajando con ellos desde sus realidades. Esta estrategia es utilizada especialmente por los especialistas sociales en diferentes campos, por ejemplo, durante la creación de proyectos de infraestructura, a objeto de garantizar un impacto positivo en las comunidades donde se ejecutan las obras, asegurando un buen relacionamiento entre las empresas y las comunidades, para garantizar el buen desarrollo y la sostenibilidad de las mismas.

Las obras de infraestructuras constituyen hechos sociales por sí solos, pues se ejecutan en su mayoría para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, en Panamá, históricamente, los proyectos se realizan sin contar con la opinión y participación de las comunidades; totalmente contrario a otros países como Colombia y Ecuador, por ejemplo, donde un proyecto de infraestructura ni siquiera se licita, sino contiene dentro de los pliegos de cargo el componente social o Plan de Acción Social (PAS), que dará respuesta a los requerimientos de los vecinos del lugar donde impactará la obra.

En nuestro país es muy normal observar en los proyectos conflictos sociales originados por moradores o vecinos de las áreas donde se ejecutan los mismos, a tal punto que se ven afectados en el normal desarrollo de los trabajos, lo cual incide negativamente en el cumplimiento de los tiempos pactados en los contratos y representa en la mayoría de los casos considerables pérdidas económicas para los contratistas.

Un ejemplo de ello es lo sucedido en tiempos recientes con varios proyectos importantes para el desarrollo del país, donde los moradores de las comunidades impactadas por las obras, han amenazado con cerrar calles y parar la continuidad de las mismas obras, porque no fueron tomados en cuenta en la contratación de la mano de obra.

La inconformidad de la población se puede atribuir en la mayoría de los casos a la ausencia de participación comunitaria en la identificación de posibles impactos que pueden originar no solo al ambiente, que de hecho por ley deben ser protegidos, sino a la tranquilidad, la paz o a la economía de las familias que allí habitan, aunado a la pobre información que tienen los ciudadanos que allí viven de la misma de los objetivos de las obras.

Es necesario que se considere la opinión de las comunidades intervenidas en las diferentes fases o procesos de la construcción, de forma tal que una vez concluidas las obras ellos se apropien y garanticen el cuidado permanente de las edificaciones construidas.

Lo anterior se logra incorporando la Gestión Social como un componente de intervención social o Plan de Acción Social (PAS) y los recursos que deben asignarse al mismo, desde la elaboración de los pliegos de cargo para la licitación, de modo que se pueda garantizar que la empresa que las ejecutara tomará en cuenta a todos los actores sociales de las comunidades impactadas por los proyectos y se obliga a mantener los canales de comunicación abiertos, tan necesario para recibir inquietudes, escuchar sugerencias o reclamos, que atendidos oportuna y eficazmente, son piezas clave durante todas las fases de los proyectos y garantizan la sostenibilidad de las obras construidas.

Un ejemplo exitoso de incluir un componente social en este tipo de proyectos, lo observamos en la construcción del tercer puente sobre el Canal en el Atlántico, inaugurado el año pasado, donde trabajó una importante fuerza laboral de casi 1100 personas, de las cuales alrededor del 75 % era oriundo de la provincia de Colón.

Esta obra duró aproximadamente seis años en construcción, sin embargo, nunca confrontó problemas con los moradores de los 14 corregimientos y aproximadamente 495 comunidades vecinas, todas empoderadas, que recibieron con beneplácito la obra y están dispuestos a sacar el mejor provecho de ella.

A falta de un marco regulatorio que legitime a la gestión social como un componente transversal en los proyectos de infraestructura; debemos aprovechar que en Panamá, en estos momentos, estamos introduciendo reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, para incluir entre las responsabilidades contractuales de las empresas la incorporación de un Plan Social en las obras de infraestructura en beneficio de las comunidades impactadas; como vehículo para lograr el desarrollo humano a nivel territorial, entendiendo este como el objetivo último de la política social.

Abogada y trabajadora social.