Tragedia de medicamentos: una ahijada del sistema bicéfalo de salud

El tema de los medicamentos, sin duda, pasa como una de las peores tragedias de la mayor parte de la población panameña, más aún si se atiende a la condición social; es decir, más sufrimiento de este calvario se poseerá, si se pertenece a un estatus socioeconómico precario.

Para resolver esta desventura, no cabe seguir con las “soluciones” de tecnócratas que se cuidan de no tocar las perversas reglas del mercado o peor, a los intereses de los magnates mercaderes de la salud locales y de los grandes laboratorios internacionales. Estas miradas proféticas del problema están vedadas a los tomadores de decisión pública, aun en tiempos de cuaresma. Quizá algo de historia nos ayude a comprender lo que ocurre cuando se toman las decisiones que no miran hacia la solución integral de la tragedia de los medicamentos.

En la década de 1970 —luego de originarse el Minsa— el general Torrijos y las autoridades de Salud, avalaban la constitución de un Instituto de Medicamentos que fue evolucionando hacia la idea de establecer, además, una empresa pública multinacional, que asumiera la comercialización internacional de los productos farmacéuticos utilizados por las instituciones de Salud de los países participantes. Hoy, una entidad como esta, solo con el manejo de grandes volúmenes y la posibilidad de no depender de los distribuidores privados locales, habría evitado el atraco de estas negociadoras de fármacos que encarecen los precios escandalosamente, en nuestro país. Tampoco se darían esas diferencias abismales entre lo que cuesta, por ejemplo, un Loceryl (antihongos) en Panamá a 60 dólares, mientras la misma marca, el mismo envase, el mismo tamaño, lo encontramos a 21 dólares en Colombia.

Pero el asunto siempre ha estado en una falta de política pública de salud y medicamentos favorables al país y al pueblo, impedido por el sistema bicéfalo de salud que se ha desarrollado en Panamá. Así, mientras el Minsa ha ido en una dirección, la CSS va en otra. El Minsa obligado a pensar en Políticas Públicas de Salud, en este caso de medicamentos, mientras que la CSS, todo, pero todo -salvo en la década de 1970- lo ha hecho para que se desenvuelva a sus anchas la política PRIVADA de salud y particularmente de medicamentos.

Basta recordar que desde que un conspicuo dirigente de la antinacional Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el señor Káiser D. Bazán, fue director de la CSS, por allá por el año 1984-1985, muchos medicamentos que manufacturaba el Laboratorio de Producción de esta institución dejaron de elaborarse, dando rienda suelta a los mercaderes de la salud a encarecer sus precios. Como hecho ejemplar tenemos al “ruibarbo y soda”. Para la época, una onza de este medicamento, muy popular para la regulación hepática, se adquiría en las farmacias privadas a 20 centésimos de dólar. Una vez dejó de producirse en el Laboratorio de la CSS, se elevó en menos de un año a 40 centésimos de dólar. Hoy supera los 60 centésimos de dólar. El laboratorio de producción servía de contención a la rapacidad de estos mercaderes. El mismo lo fueron debilitando, hasta que con el destape del dietilenglicol, el director de la CSS, señor René Luciani, siguiendo una orientación mercantilizadora, le dio el golpe de gracia a este laboratorio clausurándolo definitivamente.

Mientras exista un sistema bicéfalo en los servicios públicos de salud es improbable la superación de la tragedia de los medicamentos. Los mercaderes locales, juegan más fácilmente sus fichas manteniendo a las instituciones separadas. “Divide y vencerás” es el viejo adagio que emplean para someter las transacciones de productos farmacéuticos e insumos médicos con el sistema de salud, en favor de sus intereses. Esto es un sistema bicéfalo —la CSS por un lado, el Minsa, por otro— que tiene menguada su capacidad de negociación frente a los mercaderes de la salud, llevando las de perder en la mayor parte de sus transacciones con estos.

Políticamente, la garantía de que esta tragedia se eternice, está en seguir poniendo a decidir en la CSS —manteniéndola al margen de un sistema de salud único— a los que representan directamente o al menos cuidan los intereses de los mercaderes de la salud, de esos mismos que son propietarios de las cinco principales casas negociadoras de medicamentos, respetables miembros de la Cámara de Comercio, como ocurre hoy día y además, seguir anulando la influencia de quienes representan los intereses populares.