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15 de Jul de 2020

Richard Morales

Columnistas

Un rescate solidario para salvar a Panamá

“Por encima de las medidas de impacto inmediato, el COVID-19 nos alerta a la inminencia del colapso del modelo, y a la urgente necesidad de un proyecto de país visionario”

Panamá se encuentra en crisis. COVID-19 es su agravante, pero la causa está en el agotamiento del modelo de país transitista. La pandemia ha agudizado las desigualdades de la economía panameña, amenazando la supervivencia de las mayorías. Las medidas de rescate deben estar dirigidas a los sectores más vulnerables de la población, los pobres, trabajadores formales e informales, y pequeños empresarios, quienes sufrirán de manera más aguda la crisis, si no se actúa decisivamente. La vida debe estar en el centro del rescate, no los intereses de los poderosos, con la solidaridad como la única estrategia para salir adelante juntos como país.

El modelo se sustenta sobre la explotación de la posición geográfica por grandes monopolios rentistas. Estos enclaves concentran la riqueza, pagando pocos impuestos y generando escasos empleos, condenando al resto de la población a regatear las sobras. La incapacidad del modelo de crear y compartir riqueza de forma sostenible está llevando el país al colapso. El COVID-19 ha sido un empujón brusco hacia ese abismo, creando un efecto cascada, donde los costos recaen sobre las mayorías precarizadas, que no cuentan con las condiciones para sobrellevar una crisis prolongada.

El Gobierno ha presentado un paquete de rescate económico cuya premisa es que, inyectando recursos directamente a la banca y gran empresa, beneficiarán indirectamente a los trabajadores y consumidores mediante un efecto de derrame. Es la fracasada política del goteo o “trickle down”. Los dueños de los monopolios aprovecharán los créditos y exoneraciones para maximizar sus ganancias, recortando gastos con despidos y reducciones salariales, disminuyendo pagos a proveedores y contratistas menores, desviando fondos hacia dividendos a accionistas, e invirtiendo en bienes especulativos e instrumentos financieros. La condición que les puso el Gobierno de no despedir no funcionará, en la medida de que las penalidades sean inferior a los beneficios recibidos. El mercado, en tiempos de crisis, muestra su peor cara.

Además del despliegue del sistema público de salud para prevenir, contener y tratar el COVID-19, recalcándose lo medular de la sanidad pública y los trabajadores de la salud, el Estado tiene que intervenir con un rescate para los de abajo. Un plan solidario que contrarreste las desigualdades del modelo debe priorizar a los sectores más vulnerables de la población. Todos aquellos que viven día a día, quincena a quincena, mes a mes, donde la mínima interrupción de su actividad económica los condenaría al desamparo.

A los pobres, desempleados y trabajadores informales, sin ingresos regulares o acceso al crédito, muchos sin servicios básicos, hogar o comida, se les debe proveer de manera directa los bienes y servicios fundamentales, en particular agua, alimento, productos de higiene, medicamentos, y bonos para consumo básico familiar, junto a la exoneración del pago de servicios públicos, desplegando una red de emergencia solidaria a nivel nacional, con participación de las comunidades, organizaciones locales, trabajadores sociales e instituciones estatales.

A los trabajadores asalariados, independientes y pequeñas y medianas empresas, se les debe congelar los pagos de alquiler e hipotecas, préstamos personales y comerciales, y servicios básicos como luz y agua, junto a una moratoria del impuesto sobre la renta, aplicable hasta un techo por ingresos para asegurar beneficie a quienes lo necesitan.

El Banco Nacional debe cumplir un papel en preservar el empleo e ingresos de la población, no solo condicionando las medidas a mantener contratados a los trabajadores, sino ofreciendo líneas de crédito al cero por ciento de interés a las empresas pequeñas y medianas para el pago de planillas, estableciendo con la banca privada y proveedores de servicios públicos y privados un plan para comprar la deuda congelada, distribuir los costos del rescate, según la capacidad contributiva de las empresas y dosificar los pagos en el tiempo.

El Estado debe asumir la función de rescatista de última instancia, comprando participación accionaria en empresas grandes en condición crítica, consideradas vitales para el funcionamiento de la economía, en la medida en que estas no puedan mantenerse operativas, como forma de inyectarles recursos, con la sociedad recibiendo a cambio un porcentaje de sus acciones e ingresos futuros. Un dividendo social.

Los monopolios y las grandes fortunas, que tienen mayor capacidad de sortear los efectos de la crisis, deben hacer una contribución extraordinaria hacia el rescate, con el pago único de un impuesto de emergencia, calculado sobre la base de patrimonio e ingresos, similar al que aplican países ante un desastre natural o guerra. Esto aliviaría la carga sobre el Estado, compensando en parte el no pago histórico de impuestos por estos sectores. Sería un primer paso hacia una reforma tributaria progresiva.

Ante el fracaso de la mano invisible de la codicia, se requiere contar con las manos visibles de la cooperación, con la planificación participativa de una ruta para superar la crisis. El Estado en colaboración con actores económicos y sociales claves, deben planificar estratégicamente el uso más racional de los recursos de que disponemos, como han hecho en el pasado países de Europa y Asia. Implica acabar de raíz con la especulación, acaparamiento y usura, anticipándose a la interrupción de las líneas de suministro a nivel global, articulando las cadenas de producción y distribución a nivel nacional, coordinando la oferta y demanda según la necesidad, regulando márgenes y precios, incorporando trabajadores y pequeños empresarios, y racionando bienes escasos.

Por encima de las medidas de impacto inmediato, el COVID-19 nos alerta a la inminencia del colapso del modelo, y a la urgente necesidad de un proyecto de país visionario. Un plan de inversión pública en infraestructura educativa, sanitaria, de cuidados y vivienda, creando empleo y atacando a la vez el déficit social con servicios públicos universales. Transitar hacia la agroecología para la soberanía alimentaria, ciencia y tecnología para producir bienes y servicios con valor agregado y reconversión de infraestructura energética hacia renovables. Un rescate en el presente para quienes más lo necesitan, y una visión para democratizar, dinamizar y diversificar la economía panameña, poniendo la posición geográfica al servicio de un futuro más equitativo y sostenible.

Economista político.