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14 de Jul de 2020

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Jaime Raúl Molina

Columnistas

Corrupción legalizada en el norte

Según reportes periodísticos, el 24 de enero un grupo de senadores sostuvo reunión a puerta cerrada con personal del Centro de Control de Enfermedades (CDC), sobre el coronavirus.

Según reportes periodísticos, el 24 de enero un grupo de senadores sostuvo reunión a puerta cerrada con personal del Centro de Control de Enfermedades (CDC), sobre el coronavirus. A partir de allí, varios de los senadores que participaron de la reunión, comenzaron a liquidar de sus carteras de inversiones, acciones de compañías que ahora en semanas recientes han sufrido considerables pérdidas de valor de mercado, por las caídas de las bolsas. Lo anterior es “insider trading” o uso de información privilegiada para lucro personal, algo que está prohibido por las legislaciones de mercados de valores en Estados Unidos (también en Panamá y en general en prácticamente todas las jurisdicciones con regulaciones de mercados financieros). En el caso de un senador, además constituye un conflicto de intereses financieros.

Pero hay otros esquemas de corrupción en dicho país que parecen corrupción legal, porque a pocos escandaliza y mucho menos conduce siquiera a acciones legales. Una práctica común de expresidentes de Estados Unidos es la de dar conferencias por el mundo, conferencias por las que cobran sumas estratosféricas, de hasta cientos de miles de dólares cada una. Son unos “rockstars”. ¿En cuánto se tiene que vender el puesto en una cena benéfica en la que el expositor cobra, por ejemplo, doscientos mil dólares por una charla de 40 minutos? Tengo un amigo que dice que Estados Unidos es el único país en que las coimas se pagan después de que el funcionario sale del poder. En nuestro país las coimas que se originan en contrataciones públicas o favores relacionados, se pagan por adelantado, porque al tratarse de un pago irregular, que no puede justificarse en un contrato lícito, el funcionario no tendría cómo ejecutar la “obligación” pactada con la empresa, si primero concede el beneficio indebido desde el poder, para luego fuera del poder cobrar la coima. Pero en Estados Unidos se disfraza la coima mediante figuras como la de pagarle al exfuncionario enormes sumas de dinero para que dicte charlas por las que cobra sumas de dinero más propias de una estrella de música que de un político. En otras palabras, la coima allá está tan institucionalizada que los funcionarios coimeros confían en que la empresa honrará su palabra. ¡Mire que son sofisticados esos gringos!

Hay otras formas de dar beneficios a personas con poder, sin que parezcan coimas. Por ejemplo, las famosas puertas revolventes (“revolving doors”). Estas colocan bien a políticos y asesores influyentes de presidentes y senadores, que luego de salir de sus cargos terminan siendo contratados en compañías contratistas del Gobierno en materia de defensa, o en compañías que están en sectores altamente regulados. Es un secreto a voces que una manera eficaz para que una compañía mantenga influencias en Washington es tener en planilla personas con muy buenos contactos en los pasillos del poder, y eso abarca el Congreso, el Ejecutivo y las agencias reguladoras. De allí que con demasiada frecuencia el alto funcionario o asesor de una agencia reguladora que deja su empleo en el Estado, pase a ocupar un alto cargo –con jugosa remuneración— en una compañía del sector regulado por la agencia en la que hasta hace poco ocupaba cargo de responsabilidad. Sería ingenuo pensar que esa compañía regulada va a contratar al exregulador solo por su conocimiento. No se requiere ser la persona más cínica del mundo para sospechar que, al menos en un porcentaje importante de casos, la contratación realmente obedece a favores recibidos mientras la persona ejercía su cargo dentro de la agencia reguladora. Este fenómeno de las puertas revolventes es uno de los tantos señalados por la Escuela de la Opción Pública como manifestación del más abarcador problema de la captura regulatoria, por el cual las compañías de un sector regulado suelen ser las que tras bambalinas controlan al regulador, y no a la inversa como se supone que debería ser.

En fin, hay múltiples cosas que si uno presta atención, se da cuenta de que la corrupción sistemática no es un asunto exclusivamente tropical. En gran medida la diferencia radica en que si el funcionario recibe el beneficio después de dejar el cargo, y no durante su ejercicio, la existencia de un “quid pro quo” es más difícil de establecer en un tribunal de justicia. En otras palabras, la diferencia es que en el trópico las coimas son de prepago, mientras que en el norte son de pospago.

Abogado