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13 de Jul de 2020

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Leopoldo E. Santamaría

Columnistas

Pandemia y pandillemia… Una opinión

Según la Real Academia de la Lengua Española, la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.

Según la Real Academia de la Lengua Española, la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Y según la Enciclopedia libre, por corrupción se entiende el conjunto de actitudes y actividades de los funcionarios que, en vez de buscar el “bien común”, para el que han sido elegidos o nombrados, se aprovechan de sus cargos y usan los recursos del Estado en el enriquecimiento propio. En 1996, en The New York Times, apareció una declaración del jefe del Consejo de Seguridad de Panamá que decía: “Si Usted busca en Panamá a todas las personas que hicieron negocios con Noriega y su régimen, se dará cuenta de que la única que no participó fue la Madre Teresa de Calcuta”. Pero prescindamos de antecedentes históricos, basta con echarle un vistazo a unos cuantos de los escándalos recientes, todos, surgidos a la luz pública, precisamente ahora, mientras nos encontramos en cuarentena, medida dispuesta para “ganarle la guerra” al virus COVID-19.

Primero se conoció el contrato que, por 166 millones de dólares, fue aprobado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, con una empresa mexicana investigada por presuntos actos de corrupción. Sobraron explicaciones, y según los medios de comunicación, el Ministerio Público inició una investigación y la Procuraduría de la Administración, otra, para deslindar responsabilidades, solo de los tres miembros de la Directiva de la institución que viajaron a México, por cuenta de la empresa contratista. Sin embargo, a la fecha ningún funcionario del nivel ejecutivo ha sido separado del cargo, para facilitar una investigación. Y ahora, circula información en el sentido de que la administración de la institución, que ya tenía establecidas las transacciones de comercio electrónico con Credicorp, por recomendación de la AIG, cambió a Metrobank, pagando treinta y cinco centésimos más, por cada transacción, sin obtener ninguna ventaja respecto de la previamente aprobada. ¡La compra de 2.5 millones de botellas de gel alcoholado por más de trece millones de dólares! Compra efectuada a una empresa en cuyo pacto social consta que los objetos de dicha sociedad son “hacer cualesquiera y todas las cosas”.

Según nota de prensa de la Caja de Seguro Social, del 29 de abril 2020, “a partir del 1 de junio, el Complejo Hospitalario quedará como Hospital COVID-19, mientras dure la contingencia”. Lo que no se dijo es si la decisión es producto del consenso con los diferentes departamentos y servicios de las distintas especialidades que allí atienden a la población cubierta, particularmente las quirúrgicas, que demandan infraestructura y equipo no disponible en cualquier instalación hospitalaria. Tampoco se explicó por qué, estando listo el Hospital Modular, cuyos costos, igualmente, exceden las cifras de referencia regional. Rehúso pensar siquiera que la disposición pueda obedecer a terceros propósitos, como circulara en las redes sociales, donde se aludió a que el propósito es transferir, sobre todo, las cirugías más costosas, como las de corazón, al sector privado, lo que podría incluir “compensaciones” especiales. Lo cierto es que no son muchos los consultores, y menos los dedicados al mejoramiento de imagen, que comprenden la prestación de servicios médicos especializados. En consecuencia, y dado el número de escándalos bochornosos, su magnitud, trascendencia y repercusión sobre los recursos del Estado, así como el impacto social, que los mismos traducirán, es un imperativo de orden ético, realizar una investigación objetiva, integral y fiable de todos y cada uno de estos actos administrativos. Antes de que la demanda sea en las vías públicas, el primer obrero del país debería exigir rendición de cuentas, la renuncia del viceministro no llena las expectativas que las actuales circunstancias y sobre todo la realidad social imponen; la economía paralizada, con cientos de miles de familias pasando hambre, enfrentados al temor fundado de perder incluso la vida, a consecuencia del virus, y además presenciar semejantes excesos de parte de quienes tienen el deber de protegernos a todos, es un caldo de cultivo muy propicio para eventos indeseables.

Y que conste, nadie ha sugerido ni mucho menos ha planteado golpe de Estado, el ciudadano vicepresidente puede renunciar o ser removido de su cargo como ministro de la Presidencia; con Arias Calderón y Varela, no naufragó el Estado; además, ello facilitaría la investigación de los hechos suscitados y que ha ubicado a la mayoría absoluta del pueblo panameño ante la disyuntiva de perder la vida o la salud por la pandemia o las perspectivas de construir un mejor futuro para el país, con mejores servicios públicos, como salud o educación, hoy colapsados.

Albert Camus dijo: “lo peor de las pestes no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda a las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”. Lo que presenciamos hoy, en pleno curso de la crisis sanitaria, es de espanto, gracias a un grupúsculo de servidores que, en mala hora, llegaron a administrar la cosa pública, aparentemente, para provecho propio y de cómplices que medran tras las sombras. No obstante, tan repudiable conducta resulta tanto más repugnante en la medida que compromete la vida y la salud de la población, por lo que es inverosímil que pueda haber profesionales de la salud, involucrados en actos tan miserables. Así las cosas, pareciéramos estar enfrentados a dos fuegos, el proveniente de facinerosos investidos de servidores públicos y el del mortal virus; ¿el dilema es cuál será peor, la pandemia o la pandillemia? ¿Usted qué opina?

Médico