¿Habrá pagado Odebrecht las multas debidas a Panamá?

Con bombos y platillos, la procuradora Kenia Porcell anunció en julio de 2017 haber llegado a un acuerdo con la Constructora Odebrecht. El mismo se lograba al aceptar esta empresa en Estados Unidos que había pagado $59 millones en coimas por trabajos realizados en Panamá. La multa fue de $120 millones (supuestamente el doble de las coimas), en adición a estas (después se descubrió que eran muchas más), debía cancelar 100 millones de dólares por haber utilizado el sistema bancario nacional para realizar sus operaciones delictivas. Se incluía que la empresa brasilera cancelaría las sanciones impuestas en un periodo de 10 años, a razón de $22 millones por año.

La procuradora Porcell, en aquella ocasión (2017), anunció que, con el acuerdo de colaboración suscrito con la constructora brasileña, finalmente podríamos saber quiénes fueron los que recibieron coimas de esa empresa. Nos quedamos esperando. Sin embargo, vimos cómo tapó la participación del presidente Varela y su entorno en el escándalo. La fiscal Zuleyka Moore llegó a decir que a Jaime Lasso no se le podía investigar porque ya la anterior procuradora (Ana Belfon) lo había hecho. Belfon la desmintió. Llegó a decir que, aunque Carlos Duboy, el tesorero de los panameñistas, había confesado su participación en la recepción de dineros de Odebrecht, requería de más pruebas para inculparlo. Algo increíble. Se supo que el mismo Varela, por su amistad con el representante de Odebrecht en Panamá, colaboró para retrasar las asistencias judiciales solicitadas por las autoridades de Brasil. Se han derrumbado las barreras levantadas para indagar a Jaime Lasso y al expresidente Varela. Los VarelaLeaks nos dieron a entender con lujos de detalles por qué Porcell protegía al entonces mandatario.

Entre los que criticaron ese acuerdo de colaboración, para muchos viciado, estuvo el abogado Alvin Weeden, excontralor general de la República, afirmando que el castigo era muy favorable para la empresa coimera, ya que la sanción no se compadecía con los montos de los trabajos hechos en Panamá. Según Weeden, siendo costumbre de ellos pagar el 10 % en coimas y sobrecostos, con trabajos superiores a $10 mil millones, la multa debía superar los $700 millones. Después de aquello no se supo nada más y Odebrecht siguió trabajando en Panamá durante el Gobierno de Varela como si nada, recibiendo pagos por lo que hacía. Aunque hay una noticia vieja que señala que sí han pagado, la respuesta del ministro Alexander no deja nada a la especulación.

El 27 de febrero pasado, ejerciendo el derecho que me concede la Ley 6 de 2002 sobre transparencia de la gestión pública, pregunté al ministro de Economía y Finanzas si Odebrecht estaba pagando a tiempo el compromiso adquirido en 2017 con la procuradora Porcell. La respuesta del 10 de julio pasado del ministro Héctor Alexander fue contundente.

Dice que “no se contempló ni en el Presupuesto General del Estado en las vigencias fiscales de 2017-2018 y 2019 recursos derivados de fondos pagados al Estado pagados por la referida empresa (Odebrecht) y en la Dirección General de Ingresos no hay referencia de esta empresa como sujeto de cumplimiento de un acuerdo u orden judicial de contenido económico. Ese sentido, este Ministerio no ha suscrito o intervenido en compromiso o acuerdo de pago resarcitorio con la empresa Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A.”. De comprobarse que, sí pagó, como un lobista profesional señaló, habría que jalarle las orejas al director de la DGI que dio información incorrecta al ministro para que me enviara la mencionada carta.

Según Alexander no hay constancia de pago alguno. Lo que más me sorprende es que el actual Gobierno aparentemente no haya hecho nada para poner en orden la relación con Odebrecht como deudor del Estado, mientras le han seguido pagando por los trabajos que ha seguido construyendo. ¿Habrán seguido la misma suerte otros acuerdos de colaboración a que llegó la Procuraduría General de la Nación con otras personas para que pudieran lograr su libertad, como es el caso de Cobranzas del Istmo de Cristóbal Salerno o de la sociedad Rodsa, por mencionar solo algunos? ¿Será que no hubo seguimiento de ninguna instancia oficial a estos pagos o simplemente hubo órdenes superiores de no cobrarles nada? ¿Qué hizo o qué no hizo Kenia Porcell que no hay resultado visible? El país está en una coyuntura de urgencia, y ahora más que nunca necesita una explicación rápida en dólares americanos.