¿Millones para qué y para quién?

Un país con 122 128 casos y 2519 fallecidos por coronavirus (al 14 de octubre), la mayoría de ellos de los sectores populares y profesionales de la salud. Un Panamá con más de 500 mil desempleados para fin de año; a la fecha, casi 200 mil con contratos suspendidos, pese a la “apertura de empresas”, donde el Mitradel carece de datos oficiales. Proyección de aproximadamente un 25 % de pobreza. Según Meduca, 58 268 estudiantes de las escuelas y planteles oficiales no han sido contactados, 2312 estudiantes se trasladaron de las escuelas particulares a las oficiales y 10 colegios particulares cerraron sus puertas. En materia de salud, esta semana, asegurados siguen exigiendo el abastecimiento de medicamentos y atención oportuna.

Mientras tanto, siguen las planillas de la Asamblea Nacional, como la 172 de “servicios profesionales”, mecanismo denunciado por nepotismo y corrupción, que en este periodo refleja un monto de ocho millones de dólares; aun así, el contralor trata de justificar lo injustificable. También, persisten los escándalos con FCC, Odebrecht y otros, que marcan la falta de justicia y la impunidad que reina en nuestro país.

Bajo este contexto, al pueblo no le queda más que luchar. Las movilizaciones continúan (Suntracs, Conusi, pilotos, canaleros, pobladores, campesinos en Coclé, indígenas, mujeres). Todos exigiendo al Gobierno que cumpla con la atención de las demandas sociales y que cese la aprobación de leyes que lesionan el desarrollo nacional y social, como la Ley 311, que pretende que los asegurados carguen con el costo de todos los servicios de salud, ante una falsa integración “CSS-Minsa”; los Gobiernos le adeudan a la CSS más de 500 millones de dólares y pretenden rehuir sus obligaciones, con la complicidad de los goles al pueblo que impone en medio de la pandemia la Asamblea Nacional.

Conusi, en las últimas semanas, ha presentado ante la Corte demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Teletrabajo, que lesiona condiciones de trabajo y pone mayor carga laboral; así como contra la Ley de Vale Panamá, que violenta el principio constitucional del derecho del trabajador a recibir un salario por el trabajo que presta, afectando las prestaciones sociales.

Las víctimas de envenenamiento por dietilenglicol, a trece años del envenenamiento, también se movilizaron. Miembros de Cofadesavi exigen al Gobierno que se evalué el seguimiento de los afectados, para que puedan ser certificados y garanticen sus derechos a salud y educación.

En medio de millones de dólares, las soluciones a los problemas sociales del pueblo no llegan. Según informe suministrado por el MEF, entre julio a diciembre del año pasado, emitieron bonos por 3531 millones de dólares para hacer frente al déficit fiscal, de enero a febrero del 2020 se emitieron otros 3531 millones de dólares y con la pandemia se realizaron otras transacciones financieras por 5110 millones de dólares, en septiembre por 2575 millones de dólares. Danza de millones que no han sido destinados a resolver los problemas cruciales de la mayoría de los panameños, ni antes de pandemia ni con pandemia, pero si han incrementado la deuda pública que gira alrededor de 33 579.4 millones de dólares. La pregunta sigue siendo: ¿millones para qué y para quién?

Es urgente la construcción de una democracia económica que dé respuesta a la satisfacción de las necesidades sociales más apremiantes, que acabe con la corrupción e impunidad. En este sentido, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) presentó en julio de este año una propuesta (Plan para la Vida Digna), dirigida a cambiar la actual política económica, centrando nuestra prioridad en un desarrollo nacional que privilegie la creación de empleos productivos, mecanismos justos de redistribución del ingreso nacional, la seguridad y soberanía alimentaria y la superación de la pobreza en el país; que pone la vida digna como la base fundamental del quehacer social.