Más parches al Código Penal vigente

Desde finales de agosto de este año, hemos estado trabajando en la revisión de las reformas penales y procesales propuesta por la Asamblea Nacional, en virtud de la designación de una Comisión por parte del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

En virtud de lo anterior, revisamos la primera versión del denominado texto único de reformas penales y procesales, en virtud del cual, en este último caso, el profesor Osvaldo Fernández presentó las observaciones y comentarios al respecto en materia procesal, mientras que los demás miembros, como el profesor Carlos Muñoz Pope, Campo Elías Muñoz y quien escribe nos centramos en el aspecto penal.

Luego de ello, el 8 de septiembre, en nota dirigida a la Asamblea Nacional, indicamos que estimábamos que no es el momento oportuno para realizar este tipo de reformas que son consustanciales al Estado de derecho de una Nación y ameritan de una mayor discusión en todos los sectores del país; tomando en cuenta la pandemia, y recomendamos en general, que, en todo caso, lo que ameritaba editar, aprobar y publicar un Texto Único del Código Penal y del Código Procesal Penal que lleva más de 30 reformas penales, además de que el tiempo para hacer las observaciones era corto y exiguo.

Revisada la segunda versión de las propuestas penales, y reunidos el día 21 de octubre con la Asamblea Nacional, vía Zoom, advertimos, entre otros, que el Código Penal no aguanta más parches y que, en todo caso, lo recomendable era, a corto plazo, proceder a la elaboración de un nuevo texto penal.

No todo está mal en estas reformas, pero el asunto es que en nuestro país no hay una política criminal por parte del Estado, y la única respuesta que tiene es la de proceder al aumento de las penas para los delitos, y ciertamente esta no es la solución. En todo caso, lo que se requiere son planes y programas eficaces de prevención del delito y de la violencia en todos los niveles y que involucre a toda la sociedad. En este contexto, la prevención policial juega un papel primordial, ya que esta es un obstáculo para la comisión de hechos punibles, “pues, esto es lo que le interesa al delincuente y no tanto si se mantiene o no la disminución de la pena”. Hay que recordar, que todo aumento de las penas conduce a una sobrepoblación penitenciaria, un hacinamiento carcelario.

Algunas propuestas contravienen principios dogmáticos e instituciones del Derecho Penal, y eso es sumamente preocupante, porque, de aprobarse tal como está, no solo se incurre en una deficiente técnica legislativa, sino en exabruptos legales, y se corre el riesgo de poner en peligro la seguridad jurídica.

Y, si bien, ha habido participación de otros sectores académicos y de instituciones públicas, los cuales han aportado observaciones significativas, no deja de ser preocupante, porque el tiempo para su revisión, a nuestro juicio, ha sido insuficiente.

Nuestra labor no ha concluido, pero esperamos que las observaciones prestadas por los académicos no sean superadas por el populismo penal, modelo político criminal legislativo que persigue el endurecimiento de las penas y la creación de nuevos delitos, creando la imagen de que el Estado está dando respuesta a los problemas de criminalidad e inseguridad ciudadana, lo que se conoce también como derecho penal simbólico, en el que se combate la criminalidad con leyes incongruentes, carentes de racionalidad, con criterios ajenos a la resocialización, y en contrariedad al principio de “ultima ratio” del Derecho Penal.