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08 de May de 2021

Antonio Saldañaopinion@laestrella.com.pa

Columnistas

A 31 años de la barbarie de los yanquis en Panamá

La invasión a Panamá por el ejército más poderoso de la Tierra –las Fuerzas Armadas estadounidenses- estuvo precedida por una visión geopolítica, geo comercial y geo militar

Este 20 de diciembre de 2020 se cumplen 31 años del genocidio cometido contra el indefenso pueblo panameño por los Estados Unidos de América y así lo rememoramos hace seis años. “Algunos minutos antes de la media noche del 20 de Diciembre de 1989, el ejército más poderoso de la Tierra desató por cielo, mar y suelo istmeño, el horrendo crimen de lesa humanidad, un ataque [militar] generalizado o sistemático contra una población civil´”. (A. Saldaña, La Estrella, 20/12/2014).

Como también lo reiteramos el año pasado, con motivo de la luctuosa fecha annotavit. “La invasión a Panamá por el ejército más poderoso de la Tierra –las Fuerzas Armadas estadounidenses- hace 30 años estuvo precedida por una visión geopolítica, geo comercial y geo militar en la que el Canal de Panamá, hoy como ayer, reviste una singular importancia en la cadena de la realización de la mercancía, y como punto estratégico en el nuevo orden económico internacional (nuevo reparto comercial del mundo). Por ello, no nos debe extrañar que, además del Tratado del Canal de Panamá, que cumplió su término hace veinte años, los Estados Unidos de América también pactara con la República de Panamá el tratado de neutralidad permanente, vigente. Como tampoco es posible desvincular estos hechos, del carácter imperialista de la nación del Norte y, en consecuencia, de sus intereses globales. Es muy probable que la mayoría de los panameños ignore –por aquello de la “codificación del pensamiento” aducida por el poeta Pedro Rivera- que el 7 de septiembre de 1977 en Washington no solo se suscribió el Tratado del Canal de Panamá cuya vigencia cesó el 31 de diciembre de 1999; sino también el convenio denominado "Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y el Funcionamiento del Canal", pactado a perpetuidad. Instrumento de Derecho Internacional que establece en el artículo V lo siguiente: “Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”. Para convertir en “letra muerta” esta disposición del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, -diez años antes- el ejército más poderoso de la Tierra, como “luciérnagas de la noche”, como ladrón que viene a matar y no dejar piedra sobre piedra, procedieron con la invasión, cuyo propósito fundamental, además de experimentar nuevos equipos y armas sofisticadas, fue la destrucción y desmantelamiento de facto de las Fuerzas de Defensa de Panamá. La captura de Noriega fue la excusa, el pensamiento “codificado” en el imaginario nacional, por el imperialismo norteamericano, para justificar la sevicia del crimen cometido contra el inerme pueblo panameño” (A. Saldaña, La Prensa, 19/12/2019)

Hoy, con una hipocresía, más parecida a burla, el gobierno de la “bancocracia” corrupta y anti nacional, mediante resolución de Gabinete declara el 20 de diciembre como “Día de Duelo Nacional”, mientras de forma lacayuna se somete a los designios del “norte revuelto brutal” en materia de las relaciones internacionales y en el establecimiento de bases militares en territorio nacional (Base en Darién (Senafront) y el Centro Regional de Operaciones Navales (CRON) en las riberas del Canal de Panamá, contrariando lo establecido expresamente en el artículo V del Tratado de Neutralidad y en el artículo 310 de la Constitución Política de la República de Panamá, por otro lado, los servicios de policía, “que de policía solo tienen el nombre”, porque son jenízaros de la plutocracia, violando la constitución y la Ley, reprimen y quebrantan los derechos humanos de jóvenes universitarios cuya única “falta” ha sido, erigirse en “conciencia crítica de la nación panameña”.

¡Así de sencilla es la cosa!

*El autor es abogado y analista político.