Albergues y derechos de los niños

Hace poco más de un año me referí en esta columna a la celebración de los 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, subrayando que, luego de más de 30 años, los panameños no hemos cumplido con el compromiso de garantizar, mediante una ley o código, la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes. Esa deuda que tenemos como sociedad se hace más evidente hoy, cuando los derechos de nuestra niñez han sido vulnerados hasta la saciedad en albergues donde se suponía que iban a encontrar bienestar y felicidad.

Frente a este maltrato inadmisible contra nuestra niñez, no han faltado las voces de dolor, indignación y repudio que claman a su vez por justicia, cierre de albergues, destituciones y hasta la merecida cárcel para los violadores de los derechos de los infantes. Aunque me sumo totalmente a esas voces de rechazo, reconozco que pudimos y debemos hacer más como sociedad, pues nuestra niñez, ya sea en estos albergues, en las calles e incluso en sus casas, es víctima frecuente de maltrato, abusos e impedimentos sistemáticos del ejercicio de sus derechos.

No es entonces cuestión de esperar que el presidente destituya a los funcionarios responsables de tales atrocidades, que, por cierto, esperamos que lo haga pronto. Tampoco es la hora de conformarnos con la intervención de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que felicito y espero produzca beneficios tangibles y oportunos para nuestros niños. Pero lo más importante, es que es la hora de que la sociedad participe activamente, que deje de permanecer indiferente, disfrutando de la comodidad, mientras otros, esta vez, los niños, padecen a diario toda suerte de vejámenes.

Como señalé en aquel artículo, cuando nadie sospechaba que este drama estaba desarrollándose impunemente, “aceptemos que tenemos una deuda pendiente con nuestra niñez y adolescencia, y avancemos todos juntos y en forma coordinada; las instituciones gubernamentales, empresas privadas y sociedad, en el diseño e implementación de políticas sociales universales e inclusivas, de modo que todos los niños y niñas que nacen con los mismos derechos inalienables logren ejercerlos en el transcurso de su vida, independientemente de sus condiciones de nacimiento”.

Y, como parece que nos hemos olvidado de los derechos de los niños, que aprobamos y nos comprometimos en garantizar al firmar la Convención, comparto a continuación un brevísimo resumen de estos. Están hoy más vigentes que nunca, y estamos obligados a retomar cuanto antes las acciones para garantizar, con enfoque de equidad y justicia social, el cumplimiento de estos derechos entre nuestra niñez y adolescencia. Son nuestra generación de relevo, y más nos vale que los ayudemos a alcanzar su pleno potencial, de lo contrario el futuro del país es el que está en peligro.

Nuestros niños y adolescentes tienen derecho a una educación conclusiva, en cuanto, a la universalización de la educación preprimaria, así como a la disminución de las brechas según los distintos ejes de la matriz de la desigualdad. El desafío es aumentar la cobertura, atender el ingreso tardío de niños, niñas y adolescentes a la escuela, disminuir la repitencia escolar, asegurar la retención e incrementar los niveles de aprendizaje.

También deben tener acceso a un óptimo nivel de cobertura de la atención en salud y ninguna barrera de acceso a los servicios de salud. Debemos redoblar los esfuerzos para mejorar la calidad de los sistemas de salud, con énfasis en las desigualdades territoriales. Pero eso no es todo, es obligatorio aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento, en tanto estos tienen una relación directa con la menor morbilidad de la población infantil.

Igualmente tienen el derecho a una alimentación y vivienda adecuada. De hecho, ese era el derecho que los albergues debían proteger y garantizar, pero no fue el caso, colocando a esos niños en riesgo de grave desnutrición, deficiencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad.

Los tres derechos previos, garantizan el derecho a la vida y a un desarrollo saludable desde los primeros años. Y repito, no solo en los albergues, sino en las casas, escuelas y calles de nuestro país. No obstante, los análisis nacionales, ponen de manifiesto la presencia de brechas que no se han visibilizado ni atendido lo suficiente y que se relacionan con los diferentes ejes de la matriz de la desigualdad, como la condición étnico-racial.

Y no olvidemos el derecho a vivir una vida libre de violencia; la protección frente a la explotación comercial y el trabajo infantil; el derecho a un nivel de vida digno. Todos fueron vulnerados en estos albergues y no puede quedar impune. La sociedad exige castigo, pero esa exigencia conlleva el compromiso de estar vigilantes en el futuro para garantizar que nuestros niños reciban cuidados integrales adecuados; protección contra todo tipo de violencia física o emocional, malos tratos y abandono. Trabajemos juntos hoy, para evitar que dentro de unos años nos sorprendan con la noticia de otro crimen contra los derechos de nuestros niños.