CSS: ¿el terror del sector financiero?

Por el momento, los recursos de la Caja de Seguro Social (CSS) se vislumbran como una oportunidad de negocio inmejorable, que los capitales relacionados al sector bancario, empresarial y financiero quieren seguir usufructuando. Las medidas que impulsan los grupos económicos dominantes buscan garantizar la disponibilidad de este considerable botín. Y no es para menos: entre 2010 y 2019, según los informes financieros de la Caja, más de 779 millones de dólares en inversiones de la CSS han ido a parar a manos de bancos privados, mediante la forma de depósitos a plazo fijo, uno de los instrumentos más baratos que poseen las entidades bancarias para financiar sus operaciones.

A pesar de contar con un departamento especializado de inversiones, y de que la Ley 51 habilita a la CSS a involucrarse en el mercado de préstamos personales e hipotecarios, los recursos destinados a estas operaciones son casi nulos. De hecho, en 2019, más del 30 % de las inversiones de la CSS fueron depósitos de plazo fijo, mientras que los préstamos otorgados directamente por la institución no alcanzaron ni el 2 % del total de las inversiones. ¿A quiénes beneficia esta forma en que la CSS gestiona los ahorros de los asegurados? ¿Quiénes reciben considerables inyecciones de liquidez barata en forma de depósitos a plazo fijo y, además, preservan su mercado sin la intromisión de un ente con la magnitud de recursos que tiene la CSS? Por si hace falta decirlo, todo esto beneficia a los capitales del sector financiero.

Ahora bien, para dimensionar la importancia de estas dinámicas, imaginemos un escenario en que la CSS sea gestionada al punto de aprovechar su potencial de escala y recursos. Si consideramos el nivel de activos totales, con más de 11 mil millones de dólares en 2019, la CSS habría estado entre los cinco (5) bancos más grandes del Centro Bancario Internacional. Dentro del marco de la actual Ley 51, la CSS puede invertir en préstamos personales para asegurados y jubilados un equivalente al 20 % de las reservas, y puede invertir en préstamos hipotecarios un equivalente al 15 %. Si se ejerciera al límite esta normativa, considerando el nivel de reservas de la CSS en 2019 (poco más de nueve mil millones de dólares), los préstamos personales e hipotecarios podrían alcanzar un monto de más de tres mil millones de dólares, lo que ubicaría a la CSS entre los seis (6) bancos con mayor saldo de créditos locales. La tasa de interés de estos créditos produciría una rentabilidad mucho mayor que la ofrecida por un depósito a plazo fijo y, seguramente, también podría ser más baja de lo que el mercado local de bancos y financieras ofrece a sus prestatarios, creándose, de este modo, una mayor competencia que beneficiaría tanto a los trabajadores que piden créditos como a los asegurados cotizantes, quienes verían mejor capitalizados sus ahorros.

Considerando este escenario, cobran un nuevo sentido todas las iniciativas que llaman a un fraccionamiento de la CSS. ¿Qué ganancia puede tener la sociedad panameña si desmantela las economías de escala, la capacidad y los recursos de esta institución de seguridad social, propiedad de todos los trabajadores cotizantes? ¿Por qué se dice que la Caja es “demasiado grande” y no se razona igual cuando se evalúa a las instituciones privadas? Desde hace un par de años, la Superintendencia de Bancos está designando a instituciones financieras que, por su tamaño, representan un riesgo sistémico para la economía del país (bancos “too big to fail”). El Fondo Monetario Internacional, en 2017, también elevó una voz de alarma respecto a estas entidades. Pero de ellas no se comenta nada ni se afirma que son “demasiado grandes”.

La corrupción y desidia de los Gobiernos, al igual que el incuestionable poder de los bancos y financieras en Panamá, ha restringido la autonomía de la CSS para gestionar sus recursos de la manera más beneficiosa para los cotizantes. La coyuntura actual es propicia para que acaben los privilegios y para que dejen de haber intereses intocables. Una CSS eficiente, con un sólido plan de inversión y un manejo administrativo sin ataduras políticas o de intereses creados, garantizará un futuro de pensiones dignas y de una verdadera seguridad social.