Estatización de los puertos, aeropuertos y servicios públicos

Con la crisis económica mundial, que se dinamizó con el advenimiento de la pandemia COVID-19, el mundo abrió aún más la brecha de desigualdad económica entre los países, continentes y por supuesto, en cada país es notoria la desigualdad económica, producto de una mala redistribución de las riquezas. En síntesis, esta nueva situación económica echó atrás modelos económicos que, precisamente, tenían como objetivo más desarrollo económico y acortar la brecha de desigualdad económica.

Hoy, es innegable el derrumbe del modelo neoliberal y del mercado abierto, ya ni la demanda ni la oferta direccionan el mercado, cada país, con sus peculiaridades socioeconómicas y políticas, adapta su mercado a las características del mundo y sobrevive a través de la fortaleza de su Estado, como garante y timonel del modelo económico keynesiano, protegiendo su economía y la sobrevivencia de sus ciudadanos.

Retomando a Keynes, volvemos a discutir los beneficios y males de un Estado benefactor, un Estado intervencionista en el mercado, que, con su política económica, trata de satisfacer las necesidades básicas de la población, a través de la redistribución de la riqueza y la inversión del gasto público en la mejora de aspectos sociales y económicos. Desarrolla ayudas económicas (subsidios: 1600 millones) para conseguir el bienestar social y aplica políticas fiscales (recaudación de impuestos) para reforzar los servicios básicos de la población, como educación, salud y seguridad.

Para el caso panameño, es evidente que el modelo del Estado benefactor se impone en las políticas económicas de Gobierno, se estima que la construcción de la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal generaran unas 7 mil 500 plazas de trabajo. Además, iniciarán 15 proyectos de movilidad, carreteras en el país. Estos proyectos de inversión o gasto público implican una estimulación a la demanda agregada, lo cual consigue elevar la inversión, el empleo, el comercio y la producción.

Para proseguir desarrollando este programa keynesiano, se hace necesario estatizar obras de servicio social, caso del servicio eléctrico (antiguo IRHE), el agua (Idaan), teléfono (antiguo Intel), los puertos, aeropuerto, servicio público terrestre, etc. Solo así elevaremos la calidad en servicio, y no nos “robarán”, como es el caso de los puertos.

El capital inversor externo/interno debe aprender a negociar, en igualdad de condiciones, con el Estado, no puede seguir pensando en coimear, corromper o pagar por contratos onerosos y en franco beneficio para sí y no para el Estado. Debe entender que el Estado somos todos. Que no es una pequeña cúpula de ricos la que maneja la política y el desgreño en lo económico, sin ninguna preocupación por la salud, educación y trabajo para las grandes mayorías del país. Que el buen funcionamiento de la economía estimula el bienestar social y el progreso al país. Tampoco nos aislaremos del mercado interno y externo, pero sí lo regulará el Estado, evitando así los monopolios y oligopolios, que arrasan con el poder adquisitivo del ciudadano común y con las empresas locales. Por lo tanto, necesitamos un Estado nacionalista, progresista y sobre todo, soberano. No podemos depender de una minoría, no podemos seguir saciando sus intereses en contra de los intereses colectivos de las grandes mayorías del país.

Necesitamos partidos políticos nacionalistas, líderes políticos nacionalistas y un pueblo unido, libre y en paz, que exprese su magna voluntad en las elecciones, que no lo obliguen a expresarse violentamente en las calles, allí, hoy y siempre, ponen los muertos, pero sumidos en el dolor, tumban y ponen Gobiernos.