Algo más sobre la reforma constitucional en Panamá

Para todos es sabido que la Constitución es un acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos de una nación, la forma de su Gobierno y la organización de los poderes públicos de que este se compone y una reforma constitucional hace referencia a un cambio en la Constitución de un Estado, teniendo como finalidad volverla más sencilla y justa para todos los ciudadanos.

Se sabe muy bien que en todas las constituciones que apelan al sistema democrático de Gobierno, como es el caso nuestro, se reseña con mucha claridad que el poder público emerge y surge del pueblo. Asimismo, todas tienen las formas de modificarlas, pero está reservado para el poder constituyente, que es del pueblo, y poder darse en el momento estimado y conveniente para hacer las reformas que como nación se proponga.

Considero que existe la necesidad de hacer reformas a nuestra Constitución, pero este momento, en que cumplimos un triste y doloroso año de pandemia de la COVID-19, que ha trastocado todos los estamentos -económicos, sociales y políticos- del país, que hoy reflejan incertidumbre, desasosiego y temor en la población panameña, no es el ideal ni justo para dinamizar este proceso que implica recoger firmas, hacer plebiscitos/referéndum y masiva discusión del tema con las grandes mayorías del país. Pero, aun así, hay que hacerla. Pero esto no implica estimular a pequeños grupos de poder económico, que pretenden amoldar las reformas constitucionales a sus intereses particulares, a sabiendas de que el pueblo panameño estará ausente de la reforma y del proceso político nacional.

El pueblo panameño ve con suma frustración que en las reformas propuestas no incluyen acabar con la pobreza, hacer una mejor redistribución de las riquezas nacional, disminuir el desempleo, mejorar los servicios públicos de salud, educación, comunicaciones, viviendas, generar un mejor bienestar social para todos e impartir justicia “igual para todos”. De allí que no se comulgue con una propuesta de constituyente paralela; por el contrario, desean una constituyente originaria. Hemos tenido cinco procesos de reforma constitucional y todas reflejan el control del poder político del país ante nuevas formas de poder, ¿por qué ahora se quiere hacer una reforma constitucional, muy puntual y sin tener presencia del pueblo panameño?, ¿qué queremos reformar?, ¿quiénes podrán hacer las reformas?, ¿está representado el pueblo panameño en esta reforma constitucional o simplemente está dirigido por una minoría que ajusta nuestra carta magna a sus particulares intereses?

Por ahora, el Órgano Ejecutivo, el 28 de octubre de 2019, hizo llegar a la Asamblea Nacional (AN) algunos aspectos relevantes de reformas para aprobar en la primera legislatura, que no se logró. Estas eran algunas de ellas: la Asamblea Nacional (AN) podrá aumentar e incluir erogaciones en el proyecto de Presupuesto General del Estado; los diputados serán reelegidos por un solo período; crear el fiscal especial superior, para investigar al procurador, presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y diputados;  destinar 6 % del producto interno bruto (PIB) para educación; darle a la Caja de Seguro Social (CSS) rango constitucional; igual salario y trabajo a personas discapacitadas; crear Tribunal Constitucional; magistrados de la Corte Suprema de Justicia nombrados por 15 años; presupuesto mínimo de 6 % de ingresos corrientes del Gobierno central a los municipios; la Asamblea Nacional (AN) podrá emitir voto de censura contra ministros y hasta solicitar destitución de los ministros al presidente. Me parecen buenas y muy actualizadas, agregaría a ellas: acabar con el sistema de regalías para empresas como Minería Panamá y Panama Ports Company y encasillarlas en una nacionalización estatal o Empresa Mixta (APP), 49 % para el Estado, 49 % Empresa Privada y 2 % empleados, que paguen impuestos y que parte de estos nuevos ingresos del Estado panameño, 5 %, sea designado a la CSS, al Programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para sacarla de la crisis actual. Pero ¿dónde están hoy estas pretendidas reformas?

Panamá necesita una reforma de la Constitución, la Asamblea Nacional (AN) y el pueblo panameño, lo saben y la impulsan, pero se necesita definir un proyecto de reforma constitucional: ¿cómo se escogerán los constituyentes?, ¿qué tiempo necesitan para presentar las reformas? y ¿cuál es el método para hacerla?, entre otros.

Tenemos la obligación y el derecho de construir una constitución clara, coherente y decente, que nos prevenga de todos los males del pasado, especialmente de los intereses particulares de la clase minoritaria que hoy detenta el poder político y económico del país; así mismo acabar con la corrupción y el juegavivo, que tanto daño le hacen al país.