CSS o la historia de una castración financiera

Los primeros quince años de la Caja de Seguro Social (CSS) fueron la expresión de la hegemonía o dominio absoluto del sector económico del país con mayor vocación parasitaria, tanto respecto de las clases trabajadoras como del Estado. Por lo demás, enemigo de cualquier forma de protección social de las clases trabajadoras. Esto explica por qué siendo este sector el que dominaba al Estado en el momento de la creación de la CSS y hasta una década posterior, la misma naciera castrada en su capacidad de autofinanciarse. Las recomendaciones del licenciado Manuel María Valdés, artífice de la naciente institución -que hay gente que insiste en escamotearle este mérito trasladándoselo a Arnulfo Arias- fueron totalmente desoídas; no por casualidad.

No cabía esperar otra cosa de los voceros y agentes de los intereses del gran capital comercial y agrario, quienes vendían una retórica nacionalista, por un lado, pero siempre mostraron su disposición a entregar los recursos del país a las empresas depredadoras extranjeras. Para su segundo período gubernamental, en una comparecencia ante los líderes de la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, el expresidente Arias afirmó que: “daría amplias garantías a toda inversión de capital extranjero en el país y por ser este fundamentalmente comercial, es el desarrollo de su comercio el problema de mayor preocupación actual” (La Estrella de Panamá, 7/XII/1949). ¡Y sí que le dio amplias garantías al capital comercial y al extranjero! en su efímera gestión gubernamental, se le dio prórroga al leonino y antinacional contrato de la nación con la Chiriquí Land Co., (26/I/1950).

Los sectores rentistas de la clase que dominaba al país, muy poca disposición habían mostrado hacia compromisos con la protección social de la clase trabajadora. La CSS, no sería la excepción. Esto fue tal, que durante su dominio sobre el Estado y sobre esta institución, jamás aprobó convenio internacional alguno en materia de Seguridad Social. Estos, vinieron a ser ratificados por Panamá hasta 1958-1959; luego, la mayor parte se ratificó entre 1958 y 1972, período en que, precisamente, era la fracción de industriales y sus voceros, la que ejercía el control y gestión de la seguridad social panameña. Esa fracción industrialista duró solo unos 25 años hegemonizando al principal organismo de seguridad social del país, hasta que, en 1982, la fracción rentista, ahora con el poder financiero potenciándolo, “recuperó” su control sobre el seguro social, volviéndolo a castrar financieramente, hasta nuestros días.

Efectivamente, fue ese sector industrialista-desarrollista el que impulsó a la CSS como motor de desarrollo, introduciendo en su ley orgánica, en 1958, la posibilidad de desarrollar todo tipo de inversiones productivas. Esto dio lugar a transacciones rentables para la época, como el negocio de las famosas “Rentas” o más aún, dos décadas después, los proyectos colectivos de vivienda, mismos que fueron proscritos por la clase rentista panameña porque los consideró lesivos a sus intereses -prácticamente no vendían sus proyectos residenciales por culpa de las viviendas de la CSS- y fraguó la mayor patraña en la historia de la CSS, para destruirlos por siempre. Ya para 1991, se sella esta especie de castración financiera en las reformas a la ley; para el año 2005, se ponen en bandeja de oro los fondos de los trabajadores para que los sectores financieros rentistas hagan negocios con estos.

Esa castración, desde 1982 -similar a la impuesta en su nacimiento- impidió que la CSS invirtiera en actividades productivas y lucrativas del país, para orientar sus fondos a que fuesen “custodiados” por el capital financiero local y extranjero. ¿El resultado? Una institución que hoy encuentra dificultades para solventar la crisis financiera, particularmente en las reservas de los fondos de pensiones.

Para superarla, caben aplicarse medidas administrativas y financieras que distingan entre el corto, mediano y largo plazos. Indudablemente, el Estado tendrá que responder por las de corto plazo -así como no hizo problema en otorgarle millonarias sumas de origen público a los banqueros privados para “protegerlos” de la pandemia. A mediano y largo plazo, permitir que se renueve la experiencia de una institución motor del desarrollo, haciendo inversiones en empresas rentables, como las de la interconexión eléctrica internacional, las telecomunicaciones y las portuarias. Todo esto, con base en la aplicación de un principio que deberá ser intraficable: la vuelta al sistema solidario en el régimen de pensiones, no hay solución posible sin aplicar este principio.