Justicia y redes sociales

Ya estamos acostumbrados a que en nuestro país los temas o lo que los abogados denominan “negocios”, que se deberían debatir en los tribunales de justicia, sean ventilados en los medios de comunicación, lo que contraviene las reglas que los abogados deberían enarbolar y defender: la presunción de la inocencia y la justicia.

Acá ventilamos nombres y apellidos, títulos de empresas, corporaciones y sociedades, que dejan de ser anónimas, una vez que caen en este juego perverso del doble rasero de la justicia, que a la postre tiende a que sea selectiva, penalizando a los que los grupos de poder quieren y no el verdadero culpable.

Un claro ejemplo es el del reciente escándalo de las vacunaciones clandestinas para combatir la inafectación del coronavirus, que ya ha cobrado la vida de más de seis mil panameños e infectado a más de 390 mil personas y que el Gobierno ha hecho, sin lugar a duda y banderías políticas, los esfuerzos necesarios para sortear la peste y salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

En medio de esta tragedia nacional surgió el “caso de las vacunas clandestinas” y se procedió, como debe ser, a seguir los canales de justicia que deben prevalecer en un Estado de derecho, en la que debe tener un papel protagónico la Procuraduría General de la Nación (PGN), encarnada por el Sr. Javier Enrique Caraballo Salazar, quien fue nombrado en 2021 por el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen.

La PGN es una institución estatal creada por la Constitución Política. Es responsable de investigar y reprimir los delitos. Es una entidad autónoma, y participa dentro del proceso administrativo de justicia, debido a la facultad constitucional y legal para ejercer la acción del Estado panameño.

Y de verdad: creo que han sido diligentes en este tema de vital importancia en este evento de las vacunas, al margen de las autoridades de Salud del país, que menoscaba la credibilidad en las diligencias que ha desplegado el Gobierno en este aspecto.

Pero en las redes sociales, y algunos medios de comunicación, se desató una especie de “vendetta”, una cacería de brujas, infundios y señalamientos que, lejos de ayudar, desvirtuaban el trabajo de los entes llamados a investigar y que tienen sus parámetros, sus reglas y tiempos para cada paso, como en una cualquiera investigación que tengan en ese despacho.

De nuevo, no debemos encender piras públicas para incinerar a personas y reputaciones, porque no nos agradan o pertenecen a otros grupos sociales o políticos. La justicia no funciona equitativamente empujada por intereses de personas y grupos.

Seré ingenuo, pero no creo que en ese camino ayudamos a la justicia y mucho menos a un país que se precie de democrático, imponiendo una justicia selectiva, dirigida por los medios sociales.