Voz de alarma

Entiendo que la Asamblea Nacional está por aprobar, a pesar del veto presidencial, un proyecto de ley que impondría una restricción importante (y yo añadiría, potencialmente catastrófica) a los intereses que pueden cobrar los bancos y otras instituciones de crédito en sus operaciones de préstamo.

Esta idea revela un total desconocimiento de cómo opera, y ha operado siempre, la banca. En efecto, los bancos son esencialmente intermediarios financieros. Por una parte, captan, mediante depósitos, los fondos que luego utilizan para otorgar préstamos. La diferencia entre las tasas que cobran a los prestatarios y las que pagan a los depositantes representa una utilidad bruta. Con esta ganancia cubren costos como salarios y prestaciones sociales, provisiones varias, mantenimiento de activos físicos, impuestos, etc. Si resulta una diferencia positiva tenemos la utilidad neta que permite, si así se acuerda por el órgano competente, retener ganancias para fortalecer el balance y repartir dividendos.

El Centro Bancario de Panamá es esencial para dinamizar la economía, seleccionando aquellos clientes que merecen la confianza del banco, porque sus inversiones (las del cliente) tienen perspectivas razonables de éxito, o porque sus gastos de consumo (compra de automóviles, de artefactos eléctricos, entre otros) están respaldados por una economía solvente.

Esta capacidad para dinamizar la economía depende fundamentalmente de la solidez y rentabilidad de los bancos que integran el sistema. Una banca débil en términos financieros no solo sería incapaz de impulsar el crecimiento económico, sino que se convertiría en una carga para el país y en una fuente de inestabilidad. Una banca sólida y rentable además de cumplir con su función típica de intermediación en el mercado local, estaría además en condiciones de atraer fondos adicionales de otros países para invertir en Panamá. En este sentido es poco juicioso resentir el éxito de los bancos.

En Panamá la función de la Banca es aún más esencial, porque no tenemos banco central (algunos dirían, felizmente, porque hemos evitado las distorsiones masivas y otros males que han causado los bancos centrales, incluso en países desarrollados); no tenemos, digo, banco central, y esta es la parte negativa, ya que un banco central tiene capacidad para apoyar una entidad bancaria en situación financiera precaria. Sin embargo, a la luz de la experiencia de otros países, nuestro régimen monetario, basado en el dólar norteamericano, ha funcionado en general muy bien, porque hemos podido evitar situaciones inflacionarias, incluso en coyunturas políticas muy críticas.

Pero el dólar estadounidense no es garantía contra la inflación. En efecto, en los años setenta los bancos en Panamá pagaron intereses por depósitos en exceso del 16 %, porque la inflación local, contagiada por los Estados Unidos, excedía esa tasa. Hoy en día la inflación es un tema de actualidad en dicho país, dadas las alzas de precios que se han producido en los últimos meses y la emisión masiva de deuda por el Gobierno federal.

No creo que la inflación llegue a los niveles de los años setenta en los próximos meses o años, pero nadie puede asegurar lo contrario. Si la ley a que aludí antes entrara en vigor, de darse la situación inflacionaria de los setenta, e incluso una menor, los bancos podrían quebrar en Panamá, porque no podrían cobrar legalmente los intereses que compensarán el costo de sus fondos. Y no se olvide que estos fondos podrían emigrar a otros países con legislación más flexible.

Pero antes de que suceda lo anterior, si sucede, cabe anticipar que ocurrirían varias cosas.

Los bancos reforzarían los criterios con que evalúan a sus clientes y no le prestarían sino a personas con solvencia acrisolada. Se perjudicaría así a personas y empresas que podrían necesitar un apoyo financiero para nacer, crecer o sobrevivir.

Algunos bancos se irían de Panamá, porque nuestro sistema no les resultaría adecuado, o porque detectarían en la nueva ley, de aprobarse, un tufo intervencionista que podría incluso agravarse posteriormente.

Panamá vería mermada su capacidad para crecer económicamente, precisamente en el peor momento, pospandemia, cuando la recuperación económica es más necesaria para mejorar el nivel de empleo en la economía, con todo lo que eso implica, así como las finanzas públicas, en mal estado, como consecuencia de las medidas que adoptó el Estado a raíz de la pandemia.

En otras palabras, en última instancia, sufrirían precisamente aquellos, los más débiles, que la ley pretende beneficiar, lo cual no sería nuevo en esta clase de medidas intervencionistas.

No dudo del patriotismo de nuestros diputados. En Panamá, felizmente, la inmensa mayoría de los panameños rema en la misma dirección, es decir, la que le conviene al país, a diferencia de lo que ocurre en países otrora ejemplares.

A fin de cuentas, a la Asamblea Nacional cabe aplicarle la máxima de Hipócrates, considerado el fundador de la medicina: “Primero no hacer daño”.

¡Cuidado, señores diputados!