30 de Nov de 2021

Columnistas

¿Estamos seguros?

“Nuestra gente necesita vivir en paz y con seguridad, la lucha contra este mal no terminará, pero […], con las políticas adecuadas y actitud enérgica, es posible doblegarlo”

En 2021, la violencia en Panamá ha tomado más fuerza. Según cifras oficiales del Ministerio Público, junio sigue siendo el mes más violento del actual año. Las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y el distrito de San Miguelito son las áreas con la más alta incidencia criminal.

Los actos violentos ocurridos hace algunas semanas, en lugares como Casco Antiguo, Cerro Patacón y Natá, mostraron la crueldad sin límites de los delincuentes. Esto ha dejado ver claramente el poder que tiene el crimen organizado en varios sectores: los conflictos entre pandillas y la guerra por el control de las drogas mantienen a toda una población como rehén.

En este contexto, resulta evidente que la actual estrategia de seguridad no ha dado los resultados esperados. Siempre se cuestionó a la actual administración del presidente Cortizo de no contar con un plan para combatir todos estos males.

Según datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad Pública, en 2020, en Panamá, se incautaron 84.4 toneladas de sustancias ilícitas, mientras que, para la primera mitad de este año, de acuerdo con el informe presentado por las autoridades, se incautaron 64 toneladas de drogas. De igual manera, entre enero y septiembre del presente año, Panamá registró 410 homicidios, 26 más que en el mismo periodo del año anterior.

En una declaración realizada el 31 de agosto de 2010, tras la detención del peligroso narcotraficante Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, acusado por diversos delitos -entre ellos: delincuencia organizada, privación de libertad, delitos contra la salud, homicidio calificado y posesión de armas de uso exclusivo del ejército- detenido en México y extraditado a EUA, mencionó que estableció una base de negocios en Panamá y que utilizaba esta ruta para el tráfico de cocaína.

Datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Ccspjp), publicados el presente año, nos indican que, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 están en América Latina. Esto nos debe servir para que los Gobiernos de la región realicen las acciones pertinentes para cumplir con ese deber de brindar protección a sus habitantes y de garantizar ese derecho de seguridad y protección.

La violencia, el narcotráfico y el crimen organizado nos exigen un giro de timón en las estrategias. La seguridad ciudadana es una responsabilidad fundamental del Estado panameño, que está por encima de agendas partidistas o periodos de Gobierno. Todas nuestras instituciones, deben estar por encima de todos estos problemas y ofrecer una respuesta ejemplar y oportuna ante todas estas situaciones que hoy día nos pasan factura.

Sería una gran oportunidad de concurrir a un amplio acuerdo nacional, en el que las autoridades de los tres órganos del Estado, empresarios, sociólogos, junto con organizaciones de la sociedad civil, podamos construir la estrategia de seguridad que Panamá necesita.

A título personal, pongo sobre la mesa algunas ideas generales: gestionar nuestra política hacia un enfoque preventivo en las comunidades con la participación de instituciones como el Ministerio de Educación (Meduca), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Cultura (MiCultura), Pandeportes, Instituto para la Formación del Aprovechamiento de Recursos Humano (Ifarhu).

Redefinir las estructuras de formación policial, ampliar las capacidades de la policía comunitaria; establecer la red de videovigilancia en los distritos de David, La Chorrera, Las Tablas, Penonomé y Santiago. Fortalecer los programas de atención a víctimas y rehabilitación para quienes han caído en problemas con las drogas y el alcohol.

Coordinar regionalmente con tecnología de punta el tráfico de drogas, fomentar la cooperación internacional para combatir los delitos transfronterizos y fortalecer los controles de fronteras y puertos.

Otro punto importante es la eficacia en los procesos de procuración e impartición de justicia; y, sobre todo, dotar de los recursos necesarios para lograr los ajustes necesarios que se requieran.

Nuestra gente necesita vivir en paz y con seguridad, la lucha contra este mal no terminará, pero tengo la total convicción de que, con las políticas adecuadas y actitud enérgica, es posible doblegarlo.

El resultado es claro. El momento de mirarnos a los ojos y de construir las soluciones es ahora.

Educador y promotor social.

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