PPC, una empresa privilegiada

Si comparamos el trato dado por el Gobierno panameño a dos empresas multinacionales interesadas en explotar sus recursos, concluiremos en que Panama Ports Company (PPC), el consorcio de Hong Kong que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, disfruta de un especial privilegio en comparación con la propuesta concesión a Minera Panamá para la extracción de cobre.

En el caso de la subsidiaria de la canadiense First Quantum Mineral, el Gobierno ha hecho, aparentemente, todo lo necesario para negociar un buen contrato, que proteja el interés nacional, tanto en materia de regalías como en beneficios fiscales, sociales y laborales. Pero en el caso de la extensión del contrato de PPC, por 25 años más a partir del 21 de enero de 2022, el Gobierno ha actuado más bien en defensa de los intereses de esta empresa.

Para negociar con Minera Panamá, el Gobierno designó una comisión de expertos de alto nivel, integrada por varios ministros y asesorada por la consultora global Hogan Lovells y la Iniciativa G7-CONNEX, dedicada a asesorar a países del tercer mundo en la negociación de contratos comerciales complejos. Para negociar con PPC, una empresa con pésimo historial en su relación contractual con Panamá, bastó que sus directivos y asesores se reunieran con el presidente Laurentino Cortizo y, tal vez, con un par de asesores sin mayores conocimientos sobre la materia.

Resultado de esa reunión con el presidente fue una auditoría mal hecha por la Contraloría General de la República, que más parece un informe generado por la propia empresa, que un análisis responsable de cumplimiento. Según informó el contralor, Gerardo Solís, la empresa había cumplido con todas sus obligaciones pactadas en el Contrato Ley No. 5 de enero de 1997. Aunque admitió que estaba obligada a pagarle a Panamá en dividendos el 10 % de sus ganancias, dijo que no estaba obligada a hacerlo.

Evidentemente, la auditoría, si es que se hizo, se basó exclusivamente en información proporcionada por PPC. No tomó en cuenta, por ejemplo, que en el contrato original la empresa se comprometió a pagar a Panamá, desde 1998, una anualidad fija de más del 10 % de sus ingresos brutos al año. Y que, pese a que no tenía derecho a reclamar una equiparación con el contrato suscrito ese mismo año con Colon Container Terminal (CCT), lo hizo y el Gobierno de Mireya Moscoso la exoneró en 2002 de ambos pagos, mediante una ilegal Resolución Ejecutiva (una resolución no puede modificar un contrato ley). Hasta entonces, no había pagado un real en concepto de sus obligaciones.

En 2005, el Gobierno de Martín Torrijos legalizó el entuerto legal por la vía de la Adenda No. 1 al contrato, en la que la empresa se comprometió a pagar al Estado $102 millones en concepto de “contraprestación por el derecho de uso de las infraestructuras y puertos recibidos en concesión, y por los efectos que haya sufrido el Estado producto de la Resolución” aprobada por Moscoso. En otras palabras, PPC se vio obligada a pagar las anualidades que se había negado a cancelar; aún más, en dicha Adenda se comprometió “a no interponer recurso alguno en contra de la Resolución que derogó la Resolución” de equiparación portuaria.

Otra violación omitida por la Auditoría del contralor es la relativa a la obligación que tenía PPC, según la cláusula 2.1, de devolver al Estado el área de isla Telfers, si la misma no era utilizada, como en efecto no lo fue, para obras de expansión portuaria en los primeros 15 años del contrato, contados al entrar en vigencia en 1997. Ese plazo venció en 2012, pero la empresa no solo no las devolvió, sino que las está rentando a cinco empresas (AES Colón, Depsa, Telfers Tanks, Cemento Chagres y una compañía de incineración). Uno solo de esos arrendatarios le genera a PPC $9 millones al año, mucho más que los $7 millones anuales que la empresa garantiza en dividendos anuales bajo el nuevo contrato, cuyos términos aún se desconocen.

Pero la deslealtad de PPC en su relación con el Estado va mucho más allá. Se ha dedicado a boicotear el desarrollo portuario en el litoral Pacífico del Istmo, apelando a demandas legales, primero, contra el Megapuerto de Farfán en 2005, y después contra el puerto de Corozal, en 2015, este último impulsado por la ACP. Estos proyectos habrían sido de gran ayuda ahora, cuando la demanda excede la capacidad portuaria, gracias al impacto que ha tenido la ampliación del Canal sobre los puertos de la región. Contra todas las evidencias, PPC y la Autoridad Marítima han alegado que la ampliación no ha tenido impacto alguno en la demanda de servicios de trasbordo. Las estadísticas revelan que el volumen de contenedores manejados por los puertos terminales del Canal ha crecido sostenidamente desde 2017 (6.9 millones de teus) hasta 2021 (8.6 millones de teus).

El aumento de servicios portuarios en América Latina y el Caribe es confirmado por estudios de expertos. Un reciente análisis de Kahuina Miller & Tesuro Hyodo, publicado en el Journal of Shipping and Trade bajo el titular “Impact of the Panama Canal expansión on Latin American and Caribbean Ports”, revela que la ampliación del Canal ha aumentado el tráfico marítimo en América Latina y el Caribe, generando “mayor negocio en los puertos de trasbordo” de la región, consolidándose como “ruta preferida sobre las opciones de Suez y del sistema intermodal de EU”.

Pero los abusos de PPC no han terminado. Ahora pretende cobrar una indemnización por las supuestas afectaciones que le causará la construcción del cuarto puente sobre el Canal. Si el Gobierno le hubiese aplicado el mismo principio de “defensa del interés nacional” aplicado a Minera Panamá, ya habríamos recuperado la isla Telfers, obtenido garantías de que PPC no interpondrá recurso legal alguno contra futuros proyectos portuarios y logísticos, y mejores dividendos. En vista de que este Gobierno no defenderá en este caso el interés nacional, ¡esta tarea le corresponderá al Gobierno que se instale en 2024!