Es el pueblo quien pierde con la inflación

“Nada que hacer” es la frase de ministros de Estado frente a la ola inflacionaria. ¿Puede ser esta la respuesta de los hacedores de política económica? ¿Puede condenarse al pueblo a pasar hambre?

Frente a esta irresponsabilidad e incapacidad manifiesta del Gobierno, Conusi presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley por el aumento general de salarios y pensiones; rebaja, congelamiento y control de los precios de los productos y servicios básicos. El mismo se motiva, entre otras, en las siguientes consideraciones:

Cómo aceptar que sesenta de cada cien panameños vivan en pobreza; cómo permitir que de cada cien asalariados cuarenta no puedan cubrir el costo de la canasta básica familiar; cómo explicar que casi un millón de panameños estén subnutridos y que niños mueran por desnutrición. No es posible justificar tanta inequidad social en un mundo de riqueza. Las leyes deben ser para favorecer a las mayorías sociales y no a un grupo reducido de empresarios.

En materia de precios, en nuestro país prevalece la especulación, el acaparamiento de productos, el incremento vertiginoso de los precios, dada las estructuras oligopólicas del mercado; lo cual hace inmoral que se siga insistiendo en que estamos bajo los designios de la ley de la oferta y la demanda, para justificar que no se pueden regular los precios de los artículos y servicios de primera necesidad. El pueblo panameño se pregunta ¿por qué no intervienen el Estado? La Constitución mandata que el bienestar social debe estar por encima del interés privado.

La alta inflación y la desmedida distribución de riquezas ha llegado a establecer una gran brecha socioeconómica en Panamá, una pequeña elite poseedora de capital, una clase media que apenas logra subsistir, y un gran sector de la población al borde de la pobreza y pobreza extrema o ya en ellas.

Esta caótica realidad que vive el pueblo panameño nos conduce a hacer uso del derecho de Iniciativa Legislativa Popular (Prohijada como 281), a fin de que la Asamblea Nacional dé tratamiento de urgencia notoria al anteproyecto de ley, sustentado en las siguientes consideraciones:

Rebaja, congelamiento y control de los precios de los productos y servicios que conforman la canasta básica familiar.

En el último periodo del año, el aumento de los precios de los alimentos y otros bienes necesarios es considerable. La tendencia es al alza en la canasta de alimentos, donde se reporta para los próximos meses alzas de hasta 7 % en productos agrícolas; situación similar con el precio del combustible.

El nivel de inflación acumulada a noviembre (2021 respecto a 2020) es del 3.4 % y los precios siguen aumentando.

El costo de la canasta básica saludable de alimentos oscila los 420.63 balboas mensuales para una familia de cuatro (4) miembros (en los hogares pobres es superior al promedio).

El 40 % de los asalariados recibe salario mínimo, el cual no cubre el costo de la canasta básica familiar, valorada, en octubre de 2021, en 1514.27 balboas mensuales.

Existe un oligopolio en la comercialización de los artículos y servicios básicos, controlado por los mismos 115 dueños que controlan el poder económico, a lo que se añade la especulación reinante en la cadena de distribución.

La inflación es un mecanismo más de concentración del ingreso, ya que, si no hay control de los precios de los productos de primera necesidad, el aumento salarial “se pierde”, porque los propios empresarios han confesado, traspasarían con creces dichos aumentos a los precios de los artículos y servicios que consume el pueblo.

De aprobarse este proyecto, se generaría un efecto multiplicador en la economía que beneficiaría tanto a asalariados como no asalariados, así como a los verdaderos productores, pequeños y medianos, que atiende el mercado doméstico. Es decir, colocar poder adquisitivo en la población dinamizaría el flujo circular de la economía nacional.

Hacemos referencia a estas consideraciones, en la medida en que el Estado panameño reiterativamente viene violando nuestros derechos humanos, en el sentido de que no se cumple con el postulado de la Declaración Universal de los Derecho Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]” (Artículo 25).